MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El 16 por ciento de las personas dependientes con derecho reconocido no reciben ayuda, lo que representa a un total de 28.300, y una de cada cuatro solicitudes son rechazadas, según recoge un informe elaborado por CC.OO. presentado este jueves con motivo del Día Internacional de la Justicia Social.
"Desde CC.OO. de Madrid creemos que no hay una sociedad más justa y de progreso que aquella que se ocupa dignamente de sus personas mayores", ha señalado la secretaria de Política Social y Diversidad de CC.OO. de Madrid, Ana González, en la presentación del informe, en la que ha participado también el secretario general de la organización, Jaime Cedrún.
González ha asegurado que los datos indican que la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid se caracteriza por "desprotección, discrecionalidad y alta dosis de precariedad", a lo que se suma una "enorme opacidad".
En este sentido, a falta de datos ofrecidos por la Administración regional, CC.OO. ha recurrido a los facilitados por el Ministerio correspondiente, actualmente el de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Según esos datos, el 3 por ciento de la población madrileña cuenta con el derecho reconocido a recibir apoyos, en virtud de su grado, para desarrollar las actividades de la vida diaria, pero CC.OO. estima que el porcentaje de población potencialmente dependiente asciende al 7 por ciento.
Dicha estimación, que en palabras de González es "muy prudente", parte de que cualquier persona mayor de 80 años, entendiendo que va a tener limitada su autonomía, debería tener reconocido al menos un Grado I, y, por otra parte, del número de personas con discapacidad a partir del 65 por ciento.
"Hasta el año 2016 el Ministerio publicaba una estimación de personas potencialmente dependientes, pero de repente ese dato desapareció", ha constatado González.
Según los cálculos de CC.OO., 441.775 se encontrarían en situación potencial de dependencia, cuando a día de hoy se encuentran reconocidas 173.121.
En cuanto al perfil de la personas dependientes, extrapolando los datos estatales a la Comunidad de Madrid, CC.OO. ha constatado que, aparte de los mayores, las mujeres tienen "mayor riesgo", por lo que, tal y como ha aseverado González, "mejorar el sistema de dependencia es también una cuestión de igualdad".
Otro de los rasgos que para CC.OO. caracterizan la atención a la diversidad en la Comunidad de Madrid es la "política restrictiva de acceso al derecho", que se plasma en que una de cada cuatro solicitudes son rechazadas, "una realidad que se ha consolidado y prácticamente estructural".
No obstante, pese a esta constatación, a CC.OO. lo que más le preocupa es el "limbo de desatención" en el que se encuentran las 28.300 personas con derecho reconocido pero sin ayuda, de las cuales 8.600 personas se incorporaron a la lista de espera en el último año, un 44 por ciento más que en 2018.
Por otro lado, la organización sindical ha señalado que la Comunidad de Madrid apuesta por "servicios de baja intensidad, bajo coste y gran cobertura", como la teleasistencia o la ayuda a domicilio, frente a los centros de atención intensiva como residencias y centros de día.
En cuanto a la distribución por grado de dependencia reconocido (I, II y III), existe un equilibrio, ya que el 32 por ciento de las personas con dependencia reconocida cuentan con Grado I, y los Grados I y III representan cada uno de ellos un 34 por ciento.
Según datos de la Comunidad de Madrid, la lista de espera de servicios y prestaciones de atención a la dependencia asciende a 43.442 solicitudes sin asignación efectiva, siendo la ayuda a domicilio y la teleasistencia las que aglutinan mayor demanda (64%).
CC.OO. ha criticado además la tendencia a potenciar las prestaciones económicas, los cheques servicios, lo que considera una "delegación de la responsabilidad pública en un derecho social como la atención a la dependencia".
23.400 PERSONAS EN RESIDENCIA Y 6.000 PLAZAS PÚBLICAS
Tras poner de manifiesto el grado de privatización en la dependencia, que ronda el 70 por ciento, según González, esta ha advertido de que la proliferación del cheque servicio "lo que hace es alimentar precisamente ese ámbito de atención privada.
A modo de ejemplo, ha señalado que mientras hay 23.400 personas atendidas en residencias, las plazas de gestión directa en las 25 residencias de la Comunidad de Madrid no llegan a 6.000.
A este respecto, el secretario general de CC.OO., Jaime Cedrún, ha asegurado que no se puede "someter a una persona dependiente al mercado, porque prima el beneficio económico y va a terminar con problemas como ya se está produciendo".
Además, Cedrún ha incidido en la precariedad del empleo en el sector, ya que la mayoría de los contratos son eventuales --en 2009 solo el 11 por ciento fueron de carácter estable--, lo que dificulta la formación; y además muchos son parciales, lo que supone que los trabajadores, en este caso mayoritariamente mujeres, tienen un salario por debajo del umbral de la pobreza.
Asimismo, tras constatar que Madrid registra datos por debajo de la media estatal en solicitudes, resoluciones y personas beneficiarias, ha defendido que no debería compararse con el resto de las comunidades autónomas sino con las regiones "más punteras de Europa".
Según Cedrún, la propia Comunidad de Madrid reconoce en un informe la necesidad de 139.000 empleo más para dar cobertura a los sectores de cuidados, atención sanitaria y educación.
