MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los servicios jurídicos de CC.OO. recurrirán el nuevo decreto 106/2009, de 23 de diciembre, mediante el cual la Comunidad de Madrid mantiene el colegio Miguel Ángel Blanco de El Álamo como concertado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulase hace unas semanas parte de la norma por la que se suprimió el centro de la lista de públicos madrileños.
Así, hoy, el sindicato pedirá que el Gobierno de Esperanza Aguirre cumpla la sentencia del TSJM, que anuló el punto que hacía referencia a esta supresión al considerar que la decisión del Gobierno regional no se ajustó a Derecho, al ir en contra de la ley que regula esta materia, y por la "gran demanda" que había en el municipio para que el colegio existente fuera de titularidad pública.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado ya un nuevo decreto donde la Comunidad ha cambiado el apartado primero del decreto 50/2008, de 8 de mayo, sobre creación y reorganización de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria para el curso escolar 2008-2009.
En el BOCM se explica que en su día se dio de baja el centro con el objetivo de "lograr una mejora del aprovechamiento y eficacia en el uso de los recursos disponibles", recoge el boletín, dando así explicaciones sobre la motivación de la Comunidad de Madrid de eliminar jurídicamente este colegio como público y crearlo como concertado, tal y como aseguran, pedían los padres.
Como consecuencia de la sentencia del Alto Tribunal madrileño, recobró vigencia, desde el punto de vista jurídico, la creación de dicho centro. No obstante, desde la Comunidad subrayan que el análisis de la oferta educativa existente en El Álamo "pone de relieve que hay plazas escolares vacantes en los dos centros sostenidos con fondos públicos" de esta localidad.
Por lo tanto, señalan que teniendo en cuenta que el colegio Miguel Ángel Blanco fue creado jurídicamente, "sin que en la práctica llegase a entrar en funcionamiento", se considera, en su opinión, "que existen razones que justifican su supresión". Y de esta manera, el Consejo determinó dar de baja de nuevo el centro en el Registro de Centros docentes no universitarios.
Esta decisión se tomó, a petición de la consejera de Educación, Lucía Figar, en la reunión del Consejo que se celebró el pasado 23 de diciembre, el primero que tuvo lugar tras conocerse la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, que dejaba sin efecto la primera baja y supresión del colegio.
El cambio de titularidad del colegio vino acompañado de polémica pues padres y sindicatos aseguraron en su día que el centro ya estaba abierto como público y que la decisión sólo perjudicaba a las familias, pese a que por entonces la Comunidad de Madrid ya se ciñó al argumento de que sólo estaba creado jurídicamente.
La decisión del TSJM respondía al recurso interpuesto por la Federación Regional de Enseñanza de CC.OO. contra el Decreto de mayo de 2008 que se refería a la creación y reorganización de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria para el curso escolar 2008-2009.
