MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. ha avanzado este jueves que recurrirá ante los Tribunales de Justicia la contratación el próximo curso de 1.800 ciudadanos nativos en lengua extranjera en caso de vulnerarse cualquiera de los aspectos expuestos o algún otro de la legislación laboral y educativa española.
En un comunicado, el sindicato se pronuncia así después de conocer que el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a esa medida, que CC.OO. rechaza al considerar que está "al margen de la legalidad" y que ha llevado tanto al Ministerio Fiscal como a la Inspección de Trabajo en anteriores ocasiones.
Al respecto, recuerda a la Consejería que para ejercer tareas propias a la profesión docente en centros es "necesario superar" en España procesos de concurso-oposición sometidos a los criterios de igualdad, merito y capacidad.
También señala que el profesorado extranjero puede acceder a la docencia en centros públicos a través de concursos oposición que les convertirán en funcionarios si son nacionales de países de la Unión Europea y en personal laboral docente si han nacido en terceros palíese.
Así lo establece, tal y como recalca CC.OO., la normativa española y europeas que los Gobiernos españoles están obligados a cumplir así como los Tratados y Acuerdos ratificados por España. Apunta además que para dar clases es necesario acreditar el dominio de la lengua oficial del país, en este caso el castellano.
"Es irracional, injustificable y fuera de toda lógica educativa que se pretenda incorporar profesorado que desconoce la lengua, la cultura y el currículo español", asevera el sindicato.
Aparte, advierte que el profesorado de nacionalidad española "no podrá ser discriminado" por el hecho de serlo en el momento del acceso a plazas en puestos docentes en los centros públicos de la Comunidad ni en lo relativa a las pruebas de acceso que se les exigen ni en lo relativo a los requisitos que han de acreditar.
También apunta que existe un convenio en vigor para todos los trabajadores y trabajadoras de las administraciones pública con contratación laboral que no son funcionarios y "realizar contrataciones fuera de ese convenio es una actuación al margen de la legislación vigente".
