El abogado de los menores no descarta solicitar la imputación de algún responsable de la Comunidad de Madrid
COLLADO VILLALBA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La directora del centro de menores de Galapagar, que está siendo investigado por la Justicia por presuntos malos tratos, reconoció hoy durante su declaración que cuidadores sin título y sin ningún tipo de experiencia tienen potestad para inmovilizar a la fuerza a los chavales, así como que se prescriben fármacos a los chicos y se autorizan contenciones mecánicas con correas de sujeción con la autorización de un psiquiatra vía telefónica.
Elena M., actual directora del centro, compareció esta mañana como imputada ante el juez de Instrucción número 7 de Collado Villalba, quien investiga cuatro denuncias presentadas por cuatro menores. Se le acusa de un delito de atentado contra la integridad moral, que supone el escalafón menor al delito de torturas.
En su declaración, la directora relató que a los educadores se les exige un título medio de prácticas sociales, mientras que los cuidadores no necesitan ni siquiera experiencia para trabajar en el centro. Tanto educadores como cuidadores tienen facultad de practicar una contención física a los chicos si así se requiere, torciéndoles el brazo para inmovilizarles.
La imputada señaló que en el mismo centro se da un curso de formación a los empleados sobre cómo actuar en el caso de contenciones físicas (inmovilizaciones), químicas (fármacos) y mecánicas (correas de sujeción). "Para la contención física, no hace falta la autorización de un médico o psiquiatra. Para la mecánica, es necesaria una autorización del psiquiatra que les ha tratado", expuso la directora, quien indicó que el visto bueno se puede dar por teléfono.
El abogado de los menores, Endika Zulueta, aseguró que las contenciones tienen que hacerse en casos muy especiales y en presencia de un profesional. "No hablamos de menores con medidas judiciales, sino chicos que se encuentran en una situación de desprotección", reseñó.
"SITUACIÓN NORMALIZADA"
Además, manifestó su preocupación por la declaración de la imputada, puesto que puso de manifiesto que existe "una situación normalizada cuando se trata de malos tratos". "Son menores frágiles, con patologías delicadas y requieren de terapias especializadas y personalizadas. En cambio, reciben una respuesta brutal que les impedirá ser adultos normales en un futuro".
Zulueta aseguró que no descarta solicitar la imputación de algún responsable de la Comunidad de Madrid, puesto que el centro depende de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. La Comunidad de Madrid defiende que el sistema de sujeción se enmarca dentro de un protocolo homologado, algo que cuestiona el letrado.
"Se trata de una cuestión de política social. Aquí hay dinero público y es responsabilidad nuestra conocer que pasa ahí y por qué no se exige ningún tipo de titulación o experiencia a muchas personas que tratan a estos chicos", recalcó.
CASTIGOS INJUSTIFICADOS
El Juzgado de Instrucción número 7 de Collado Villalba investiga a este centro a tenor de una denuncias presentadas el pasado diciembre por dos chavales en las que se declaran víctimas y testigos de los abusos que los educadores del turno de tarde cometieron contra ellos y una quincena de menores.
Entre los abusos, destacaban contenciones, agresiones, insultos o castigos injustificados, alegando el centro que se trataba de "medidas cautelares". Los denunciantes estuvieron ingresados hasta cumplir la mayoría de edad.
"Los chicos están bien y contentos porque la denuncia haya salido adelante. Pero están preocupados por los compañeros que no han alcanzado la mayoría de edad", indicó a Europa Press una de las abogadas de los menores.
En el proceso penal está imputado también el propietario de Salud Mental Consulting S.L., la empresa que gestiona el centro. No obstante, se trata de una concesión de la Comunidad de Madrid.
DECLARACIÓN DE LOS MENORES
Las denuncias se presentaron el pasado 7 de diciembre. Según describe uno de los jóvenes, en esta institución desde febrero de 2007 hasta marzo de 2008, desde el principio de su internamiento, los educadores le obligaban a ducharse con agua fría, le daban golpes en la cabeza, le ataban a la cama durante noches enteras sin poder ir al baño o le administraban fármacos sin control médico.
Asimismo, asegura tener conocimiento de que por las noches, estos empleados, en lugar de hacer su trabajo, dormían en el centro dejando en desamparo a los menores.
La otra denuncia corresponde a J.A.G, interno en el centro de Galapagar durante tres años, de septiembre de 2005 a julio de 2008. El joven se declara víctima de castigos psíquicos, como la obligación a ducharse delante de los educadores.
Cuenta, además, que cuando pidió a uno de los empleados que respetara su intimidad, éste le respondió bajándose los pantalones y mostrándole sus genitales. Denuncia también que los educadores castigaban a los menores sin cenar o a permanecer en el jardín, durante horas y en pijama, a pesar de las bajas temperaturas.
J.C.V indicó que los malos tratos descritos en la denuncia ya los conocía antes de ingresar en el centro, por lo que muchos menores podrían dar testimonio de los mismos. "Me fui de allí cuando cumplí la mayoría de edad y decidí poner la denuncia el año pasado porque la cosa estaba muy mal y tenía que contar lo que yo había vivido. Sólo espero que cierren este centro y que tomen medidas contra los educadores que nos maltrataron", añadió.
Los abusos en varios centros terapéuticos de menores se dieron a conocer hace un año, tras la publicación de un informe del Defensor del Pueblo en el que destapaba estas conductas y en el que puso de relieve la necesidad de un protocolo común para todas las comunidades autónomas que regulara la atención de este colectivo de menores.
