MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Comité Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES) ha convocado para hoy, lunes, a petición de los sindicatos, a los responsables institucionales de la ciudad de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada con el fin de escuchar sus opiniones respecto al Anteproyecto de Ley sobre la Cañada Real presentado por el Gobierno regional.
Según informó a Europa Press el portavoz de UGT en el CES, Juan Luis Martín, tras la reunión de la semana pasada del CES en la que el director general de Medioambiente expuso el proyecto de Ley sobre la Cañada, el grupo sindical defendió que la tramitación de la misma no debía llevarse a cabo sin escuchar a los ayuntamientos, pues son una parte importante en la solución del problema.
"Nos parecía que el elemento fundamental tenía que basarse en el consenso y para que la tramitación parlamentaria fuera la correcta debía incluir aspectos planteados por los ayuntamientos. Aguirre tiene que acostumbrarse a hacer política escuchando a las administraciones, que son las que van a tener que hacer frente a los problemas sociales, tales como el realojo de las familias, la escolarización de los niños, y preservar la actividad económica de la zona,...", manifestó Martín, que destacó que se apuntan a 15.000 personas afectadas de manera directa.
Tanto la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, como los alcalde de Rivas y Coslada, José Masa y Ángel Viveros, respectivamente, han confirmado su asistencia.
Según establece el borrador del anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso Europa Press, los tres consistorios tendrán seis meses a partir de la publicación de la ley en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) para elaborar el censo de fincas y ocupantes en los tramos comprendidos en sus términos municipales, con el fin de desafectar los terrenos.
El borrador especifica que hasta que este censo no vea la luz y hasta que los ayuntamientos afectados no hayan clasificado el suelo resultante de la desafectación de la vía pecuaria "no se entenderá producida la usurpación a los efectos del cómputo del plazo de prescripción de las infracciones administrativas derivadas de la ocupación ilegal y del ejercicio de la potestad de la recuperación posesoria".
El uso de estos terrenos ha de ajustarse a las normas y planes que apruebe cada Ayuntamiento "en el ejercicio de sus potestades urbanísticas". El proyecto de ley mantiene que este hecho no supone "en ningún caso" la legalización de las construcciones o de las actividades desarrolladas en los mismos.
La situación de las edificaciones que se encuentran en la Cañada ha sido motivo de confrontación entre las administraciones central, regional y los ayuntamientos de Rivas, Coslada y Madrid hasta el pasado 7 de julio, cuando se alcanzó un principio de acuerdo para desafectar los terrenos que permitirá al Ejecutivo autonómico ceder estos terrenos a los consistorios, enajenarlos, permutarlos o realizar cualquier negocio jurídico sobre ellos.
En aquel entonces, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, explicó que "previamente a que esto ocurra, habrá una ordenación urbanística de todo el ámbito de la Cañada y además habrá que alcanzar un acuerdo social previo a lo que es la enajenación, permuta o cesión que se haga sobre ese bien patrimonial".
Tras la presentación de las líneas generales de este proyecto de Ley, los vecinos de esta zona de Madrid recelaron de la cesión de competencias a los ayuntamientos y reclamaron un mayor diálogo social, incluso llegaron a anunciar que tenían la intención de presentarse como un municipio independiente.
