MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La abogacía española apoya las medidas adoptadas por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para garantizar el derecho de defensa, cuando los agentes de policía encargados de la toma de declaración a detenidos oculten su rostro con prendas que no forman parte de la uniformidad reglamentaria, según ha informado el ICAM en su página web.
Según el colegio, esta situación ha provocado diversas actuaciones y recomendaciones del Defensor del Pueblo que la Dirección General de la Policía se niega a incorporar en sus actuaciones.
En este sentido, el Consejo de la Abogacía apoya el acuerdo adoptado por el ICAM para que, en el caso de que el policía insista en tomar declaración al detenido con el rostro cubierto, el abogado se niegue a prestar asistencia letrada.
El presidente del Consejo, Carlos Carnicer, ha dado traslado del acuerdo del ICAM al resto de Colegios, "a fin de que por sus Juntas de Gobierno se adopten las medidas oportunas para adherirse al citado acuerdo y difundirlo entre sus colegiados con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental de defensa".
El Colegio de Madrid adoptó este acuerdo tras la solicitud de la Asociación Libre de Abogados (ALA) para que tomara medidas que garanticen el derecho de defensa, "a raíz de las irregularidades ocurridas en las detenciones de ciudadanos con ocasión de su participación en actos reivindicativos".
Según el acuerdo de la Junta de Gobierno del ICAM, el abogado que se niegue a la prestación de asistencia habrá de solicitar que conste dicha circunstancia en el atestado mediante la oportuna diligencia de comparecencia y habrá de articular las medidas necesarias para evitar cualquier prolongación indebida de la privación de libertad poniéndola en conocimiento del juez de guardia mediante la fórmula que entienda más ajustada a la defensa de los derechos de su defendido.
El Colegio de Abogados de Madrid, que brindará su amparo y protección a la libertad e independencia de los letrados, ha trasladado su acuerdo al Defensor del Pueblo, a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio del Interior y al Consejo General del Poder Judicial para su conocimiento y efectos.
También ha solicitado la implantación de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre, sobre el derecho de asistencia de letrado en los procesos penales y en los proceso relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.
