MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
Cinco activistas juzgados este martes por tratar de evitar el desahucio de una familia con tres menores en Usera en junio de 2014 han defendido en el juicio que su presencia para apoyar a los afectados fue pacífica y en la calle, sin constituir ningún tipo de delito.
"No puede ser delito", ha dicho uno de los procesados. Los hechos se produjeron en 2014 cuando colectivos antidesahucios intentaron paralizar el desahucio de una familia, un matrimonio y sus tres hijos menores, en el madrileño barrio de Usera. Hubo una carga policial y seis personas fueron detenidas.
La defensa de los activistas juzgados sustenta su inocencia en que hay vídeos y fotografías que demuestran que la protesta se desarrollo en la calle y no en el portal como sostiene la Fiscalía y la Policía.
El juicio se ha suspendido hasta el 30 de septiembre al faltar el testimonio de un policía que estaba opositando. Queda pendiente la exposición de los informes finales de la vista oral.
Según la acusación, los autos policiales dicen que "las seis personas detenidas aquella mañana estaban dentro de la casa encadenados y que cuando se procede al desahucio golpearon a los antidisturbios". Además, sostienen que hirieron a dos agentes.
Las imágenes muestras cómo la protesta estaba en el exterior y la tensión crece después de que algunos de los manifestantes reprocharan a un agente que se estaba riendo cuando se iba a echar a un bebé de 20 días de su hogar.
Los acusados, algunos defendido por el abogado y diputado de Podemos, Rafa Mayoral, se enfrentan a una petición de un año y seis meses de prisión por atentado contra la autoridad en concurso ideal con seis faltas de lesiones, según consta en el escrito de acusación del fiscal.
El Ministerio Público acusa a uno de los cinco activistas juzgados de agredir a un agente y a otro de intentar arrebatarle el arma reglamentaria.
APOYO DE COLECTIVOS
Mientras se celebraba el juicio, diferentes colectivos antidesahucios de Usera, Carabanchel y Distrito 14 (de Moratalaz) se han concentrado para apoyar a sus compañeros. Sostiene que el atestado policial está "repleto de falsedades" y está encaminado acriminalizar la protesta social.
Asamblea Carabanchel cree que se trata de "un nuevo atropello represivo contra el movimiento antidesahucios y que en realidad se enfrentan a posibles penas de cárcel por el 'delito' de defender los derechos humanos básicos "evitando que se produzcan desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional".
