"La Comunidad de Madrid no dice la verdad. Fue el anterior Gobierno del PP el que no cumplió con sus obligaciones de pago", defienden desde el Consistorio
MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha acusado este sábado al Ayuntamiento de Móstoles de incumplir el convenio de realojo de las familias del Poblado de Las Sabinas en materia económica y sin derribar las chabolas que van quedando vacías.
Según ha adelantado 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo madrileño, la Comunidad cumple con su parte del acuerdo ya que se van a realojar a 60 familias que "son las que cumplen todos los requisitos y por tanto tienen derecho" y ya se han ubicado a 23.
"El problema es que el Ayuntamiento no está derribando las chabolas que van quedando vacías con el riesgo que eso supone porque pueden volver a ser okupadas. Además ,tampoco está cumpliendo con la parte económica", han alertado desde la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.
Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el concejal de Vivienda del Consistorio, Gabriel Ortega, ha asegurado que la Comunidad de Madrid "no dice la verdad" y "oculta información", ya que "fue el anterior Gobierno del PP de Móstoles el que no cumplió con sus obligaciones de pago".
El concejal ha explicado que "el convenio fue firmado en el año 2013 y el mismo convenio figura que su ejecución debería estar completada en el año 2014" y "esto no se llevó a cabo porque estaba una administración del PP que no cumplió con sus obligaciones".
De hecho, ha asegurado que el Gobierno municipal "ha sido el que ha empezado a pagar las cuotas del convenio de la Comunidad", con dos millones de euros, por lo que este concejal ha pedido al Ejecutivo madrileño que le diga a qué se destina el dinero que el Ayuntamiento pone en este convenio".
"Estamos cumpliendo nuestras obligaciones lo que no aceptamos es que la Comunidad nos trate como si fuéramos sus bedeles y nos convoque a reuniones en Madrid con menos de 48 horas de plazo", ha sostenido en referencia a que el Gobierno regional asegure que no asistan a comisiones de seguimiento.
