16 de julio de 2019
30 de abril de 2014

La Comunidad, Coslada y Madrid firman el acuerdo social de la Cañada

La Comunidad, Coslada y Madrid firman el acuerdo social de la Cañada
EUROPA PRESS/BASURAMA

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acompañado del consejero de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, ha convocado a los alcaldes de Madrid, Ana Botella; Coslada, Raúl López; y Rivas Vaciamadrid, José Masa, a la firma hoy miércoles, en la Real Casa de Correos, del acuerdo marco social que mejorará las condiciones y necesidades de la Cañada Real Galiana.

   Este acuerdo, cuya firma se ha adelantado nueve días, incorpora las actuaciones que se han acordado llevar a cabo en materia social, urbanística y de vivienda, seguridad y jurídicocivil en Cañada Real, a excepción del sector VI, que será objeto de otras actuaciones por sus especiales características.

   Según ha informado el Gobierno regional en un comunicado, ha sido elaborado de forma exhaustiva por técnicos de la Administración regional y las locales, y cuenta con el consenso de todas las partes implicadas, excepto el Ayuntamiento de Rivas. Además, incorpora las alegaciones presentadas por los Consistorios de Madrid y Coslada, las entidades sociales y las asociaciones de vecinos.

   La Asamblea de Madrid, con el fin de dar una solución definitiva a la Cañada Real, aprobó una Ley en marzo de 2011, donde establecía los mecanismos para llevar a cabo un acuerdo marco para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los terrenos de la Cañada.

   Con la aprobación de esta ley, la Consejería de Asuntos Sociales empezó a trabajar con las partes implicadas y solicitó a todos los Ayuntamientos implicados en la zona la elaboración de un censo para buscar una solución para los 7.725 vecinos que viven en la Cañada.

   Además, el Gobierno regional presentó en enero de 2013 su propuesta urbanística para la Cañada Real, mediante un modelo que dijo que sería similar al barrio madrileño de Rosa de Luxemburgo. El 6 de febrero de 2013 se firmó el Protocolo de Seguridad.

   Durante el mes de marzo se mantuvieron reuniones con los Servicios Sociales de los Ayuntamientos implicados para la parte social. "Con más de cien reuniones con las administraciones, con todas las entidades sociales y asociaciones vecinales se ha definido el borrador del acuerdo marco social, que se firmará mañana", ha concluido la Comunidad.

RIVAS NO FIRMARÁ

   Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas, una de las partes implicadas, ha decidido no firmar mañana el documento sobre la Cañada Real que aseguran que ha sido "impuesto" por la Comunidad de Madrid.

   En una nota de prensa, el Consistorio ripense ha denunciado "la falta de respeto institucional" del Ejecutivo regional a la hora de manejar una negociación "que no ha sido tal". "Ningún responsable político de la Comunidad se ha puesto en contacto con nosotros para explicarnos por qué no se acepta ninguna de las propuestas que Rivas ha sugerido al texto final", ha explicado el alcalde, José Masa.

   "Están más preocupados por hacerse cuanto antes la foto. Esa es la conclusión que saco de un proceso en el que ha primado la precipitación antes que la seriedad y el rigor", ha abundado el primer edil. De hecho, la Comunidad anunció la semana pasada que el acuerdo se rubricaría el 9 de mayo, pero la firma se ha adelantado al 30 de abril.

   Para el alcalde de Rivas, lo que se va a fraguar mañana es "un engaño, una solución que no es tal porque se centra en medidas urbanísticas que pretenden la consolidación de la gran parte de la población del asentamiento, cuando en realidad no se aporta ni la financiación, ni las medidas sociales necesarias para reubicar a la mayoría de sus habitantes, que son personas que sufren graves situaciones de exclusión social".

   "Lo que la Comunidad de Madrid está tratando de 'vender' a través de titulares en los medios de comunicación es una 'solución mágica' que no fija el papel del IRIS, el organismo autonómico encargado de los realojos. El documento no clarifica quién se responsabilizará de reubicar a las miles de familias que se quedarán fuera de la regularización", ha denunciado Fausto Fernández, concejal de Urbanismo de Rivas.

   Ha criticado que tampoco se concreta quien asumirá la financiación del proceso de reubicación de aquellas personas que, aunque se les regularice su vivienda, no dispongan de los recursos suficientes para pagar el precio del suelo de su parcela. "Al final, los grandes beneficiados de esta situación van a ser los propietarios de chalés, que son los que tienen el dinero para asumir los gastos que se produzcan", ha asegurado Fernández.

   De igual modo, el edil ripense considera que el acuerdo no se contempla qué pasará con quienes queden fuera de la regularización, "ni con las miles de personas que no se encuentran entre los censados y que tienen construcciones ubicadas en los márgenes de la Cañada".

   "Si no resuelven estos casos, la Comunidad será responsable de que el mayor asentamiento ilegal de este país se consolide en el tiempo", alerta Fausto Fernández.

HACE FALTA UN PLAN SOCIAL

   Desde el principios Rivas se conminó a la elaboración de un Plan Social que completará las medidas urbanísticas y de seguridad ciudadana ya que, según informes de Servicios Sociales, dos tercios de los habitantes de la Cañada que permanece en el término municipal de Rivas sufren situaciones de exclusión social y de ellos un tercio recibe la renta mínima de inserción.

   "Esto significa que 700 de las 1.132 personas censadas no podrán optar, incluso aunque logren estar en la lista de las regularizadas, a cumplir los requisitos económicos para legalizar su vivienda por no disponer de recursos suficientes", ha apostillado.

   El Ayuntamiento de Rivas ha insistido en que ha intentado buscar el consenso de todas las administraciones implicadas. Las primeras reuniones se produjeron tras una carta que le dirigió, en 2004, José Masa a Alberto Ruiz Gallardón, por entonces alcalde de Madrid.

   "En estos años se han producido multitud de reuniones y de sesiones de trabajo que se prolongaron hasta hace apenas unos meses. Siempre hemos demostrado nuestra voluntad inequívoca de hallar vías técnicas y políticas con las que garantizar", ha dicho el alcalde.

   De los tres municipios por los que transcurre la Cañada Real, la población de Rivas ha sido, sin duda, la que más ha sufrido durante estos años las consecuencias negativas de un asentamiento con graves problemas sociales. A escasos metros de las viviendas del barrio de Covibar ha ido creciendo la Cañada de Rivas, cuyos habitantes han acudido durante este tiempo a los centros de salud, los colegios y los servicios sociales municipales.

   "La Comunidad de Madrid le debe una explicación a nuestros vecinos y vecinos. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir exigiendo que se pongan las medidas para que este asentamiento deje de serlo y que la zona recupere la normalidad que nunca debía haber dejado de tener", ha reclamado José Masa.