MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno regional ha ratificado la denuncia que interpuso el pasado 20 de enero por los seguimientos parapoliciales sufridos por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, durante un viaje privado y otro oficial. En un escrito presentado, el Ejecutivo autonómico amplía los hechos a las vigilancias de las que también habría sido objeto el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.
La denuncia inicial fue interpuesta por el secretario general del Gobierno regional, Salvador Victoria Bolívar, en nombre del Ejecutivo autonómico, y no en nombre del 'número dos' de Aguirre. Esta circunstancia motivó que el magistrado le diera un plazo de cinco días para que explicara "el carácter de su intervención", una vez que acordó abrir diligencias al hallar indicios de un supuesto delito de revelación de secretos.
El pasado 29 de enero, Victoria Bolívar ratificó la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, en nombre del Gobierno de Aguirre y de su portavoz. Entre la documentación aportada se incluye la autorización del vicepresidente al secretario general de la Comunidad de Madrid para formular la denuncia en su nombre.
En el escrito, González emplaza a Victoria Bolívar a ampliar la denuncia para incorporar los hechos denunciados el 28 de enero por el 'El País' en el que se destapó la existencia de un dossier que refleja los resultados de una investigación de la que fue objeto. El vicepresidente cree que de estos hechos se infieren "distintas violaciones a su derecho a la intimidad y al de su familia".
La documentación incorporada a la ampliación de la denuncia incluye la autorización del gerente del Canal de Isabel II para que se inste al juez a investigar los seguimientos que también sufrió después de que la cadena SER informara la pasada semana sobre el contenido de un dossier sobre el patrimonio privado de De Miguel.
DATOS PERSONALES
En la denuncia inicial, el Gobierno regional consideraba que a resultas de los seguimientos se había producido "como mínimo controles y grabaciones visuales clandestinas, revelación a terceros de imágenes y documentos personales, abusos informáticos sobre datos personales automatizados y apoderamiento de documentos".
Además, subrayaba que el espionaje a González eran hechos "enormemente graves", por lo que creía necesario que el órgano judicial competente realizase investigaciones para esclarecer quiénes son los autores de este seguimiento.
La denuncia recalcaba que llamaba la atención el hecho de que para realizar el seguimiento al vicepresidente, los autores han tenido que utilizar información privilegiada "que no es posible obtener de ningún medio o registro accesible al público y con antelación a sus desplazamientos".
