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MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid convocará en los primeros meses del próximo año un concurso público para retomar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, ubicada en unos terrenos de 200.000 metros cuadrados en la zona de Valdebebas y paralizado desde el pasado 2009 por la crisis económica.
Así lo va a anunciar el presidente del Gobierno regional, Ignacio González, durante su intervención en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Región que se celebra este jueves y viernes en el Parlamento autonómico, según han informado fuentes del Ejecutivo madrileño.
Se da la circunstancia de que precisamente este verano el Gobierno autonómico ha procedido a la disolución de Campus de la Justicia S.A., la empresa pública que promovía el megaproyecto, que pretende reunificar más de 500 sedes y organismos judiciales de los tribunales de Madrid dispersos en la región.
Fuentes regionales han incidido en que en esta ocasión la Comunidad de Madrid no creará ninguna sociedad o empresa pública, como la ahora disuelta, sino que convocará un concurso público en los primeros meses de 2015 con la intención de que en el primer semestre del año esté ya adjudicado y se comience la construcción de al menos una decena de nuevos edificios.
El fin de esta nueva fórmula es que con el coste de lo que se paga actualmente por el alquiler de los edificios judiciales y su mantenimiento, y que ronda los 40 millones de euros anuales --sólo en mantenimiento se destinan 11 millones de euros--, el adjudicatario comience su construcción en el primer semestre del año.
Es decir, a diferencia de la anterior fórmula perfilada, que suponía un desembolso económico "muy elevado", como han reconocido desde el propio Ejecutivo, los 40 millones de euros que anualmente se paga en alquileres servirán para abonar al adjudicatario del concurso un canon durante aproximadamente 30 años.
"De esta manera, la Comunidad de Madrid no se endeudaría porque no tendría que desembolsar dinero de sus arcas públicas sino sólo la cantidad que ya paga todos los años por unos inmuebles que, pasados unos ejercicios, serían propiedad de todos los madrileños", han destacado las mismas fuentes.
Todos los órganos judiciales estarán conectados por fibra óptica, cámaras de videovigilancia y un parking con 2.500 plazas de aparcamiento, y tendrán acceso por transporte público para facilitar el traslado de funcionarios, profesionales y ciudadanos.
A este proyecto se unirán dos medidas más de carácter reorganizativo, como son la creación de la Oficina de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid y la del Instituto de Medicina Legal, que se alojará en el edificio conocido como el "donuts" ya existente actualmente en Valdebebas.
El proyecto se paralizó en 2009 cuando la crisis económica obligó al Gobierno madrileño a no tenerlo como "prioritario". Ha sido muy criticado por la oposición tanto por los gastos que suponen el mantenimiento de lo ya construido como por lo destinado a sus presentaciones y primeras piedras.
