Al inicio de la Legislatura los adjudicatarios debían 80 millones, pero más del 50% ha regularizado su situación
MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid está presentando las primera denuncias contra adjudicatarios de viviendas sociales que no están pagando las cuotas establecidas, unas demandas con las que quieren recuperar 25 millones de euros.
Así lo ha asegurado el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, en una entrevista con Europa Press, en la que ha precisado que cuando llegó el nuevo equipo de Gobierno pidieron datos de morosidad en este sector y comprobaron que la deuda ascendía a "80 millones de euros".
"La cantidad que sumaba ya era muy importante y por tanto creemos que es nuestra obligación compartirlo y hemos creado protocolos, equipos e inspecciones para combatir a esa morosidad", ha incidido.
En esta línea, ha explicado que a través de estas medidas han conseguido que "gran parte de los morosos", alrededor del 50 por ciento, colaboren y regularicen su situación, incluso a través de un "plan de pago razonable".
"Si no lo hacen por las buenas lo harán por la vía judicial. No solo tienen derecho, también tienen deberes y esos los vamos a hacer cumplir por la vía que sea; ya sea por diálogo normal, por un requerimiento administrativo más serio o la vía judicial en los casos que no haya una respuesta aceptable", ha advertido David Pérez. Ha comentado que no entiende que no hagan frente a sus obligaciones que en algunos casos es "menos de 200 euros" por la vivienda.
Esta vivienda social es, según Pérez, uno de los ejes de la Legislatura, por lo que han "dejado claro desde un principio" que este Equipo de Gobierno "no recurrirá a la venta de estas casas". "No cabe discusión, se que algunos partidos políticos le hubiera gustado que no hubiésemos dicho eso para seguir alargando una polémica que nosotros entendemos que está zanjada", ha asegurado el titular de Vivienda.
Esta venta de viviendas protegidas marcó también el arranque de esta Legislatura, con la sentencia del TS que confirmó la nulidad de la venta de 3.000 de estos inmuebles a Azora en 2013. Pérez ha argumentado que se encontraron "un proceso que viene de años atrás" frente a lo que han tenido que consultar a la Abogacía General "cuáles eran las medidas que le correspondía tomar a la Comunidad" ante este auto.
"Recurrir o no esa sentencia no implica validar, ni estar de acuerdo ni continuar con esa venta de viviendas, en absoluto", ha afirmado Pérez, quien ha explicado que el recurso se basaba en "ser consecuente" con las "responsabilidades jurídicas" de la Comunidad de Madrid.
