MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno acordó hoy impugnar el Real Decreto Ley 1/2009, de 23 de febrero de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones por el que se regula la creación y puesta en funcionamiento de una Oficina de Defensa del Consumidor de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por considerar que es una "invasión de competencias".
Como ya recordó el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, la semana pasada la Comunidad de Madrid presentó un informe en el que constataban que la creación de esta Oficina invadía, a su juicio, las competencias propias de la Comunidad de Madrid "que son exclusivas en materia de protección al consumidor", y que se creaba con el objetivo de atender las demandas en el consumo eléctrico.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González explicó que la Comunidad ha decidido presentar este recurso porque, además, entiende que los términos invocados en la norma no justifican la urgencia de la misma a través de un Real Decreto. "La legislación estatal reguladora del Suministro en donde se prevé esa normativa se basaba en razones de urgencia que no se dan porque se preveía la creación de esta oficina pero no entraría en funcionamiento hasta este verano", indicó.
Por ello, todas las reclamaciones que se están produciendo en la actualidad desde la entrada en vigor del nuevo sistema de facturación, el pasado mes de enero, "realmente no se verían atendidas porque esta oficina no existe, con lo cual razones de urgencia no hay", subrayó el vicepresidente. El Ministerio de Industria se ampara en la situación económica, en los efectos del proceso de liberalización del sector energético, y en la inminente entrada en vigor del Suministro de Último Recurso para hacer uso de la facultad legislativa excepcional de dictar Decretos leyes.
Así, la Comunidad considera que ninguno de estos motivos justifica la argumentada urgencia, ya que la normativa estatal reguladora del Suministro de Último Recurso todavía no ha sido dictada y se pretende justificar la creación de esta Oficina para solucionar los posibles problemas que se puedan derivar de la entrada en vigor de una normativa inexistente hasta el momento.
El Gobierno regional cree, además, que es difícil que la actuación que se asigne a la Oficina dé respuesta a los problemas que puedan surgir como consecuencia de una regulación posterior. Por lo tanto, dicho Decreto sería anticonstitucional, ya que las motivaciones de urgencia alegadas por el Ministerio no están debidamente justificadas.
Este RDL de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones es la respuesta normativa del Ministerio de Industria al gran número de reclamaciones formuladas por los consumidores a raíz del nuevo sistema de facturación del suministro de energía eléctrica, que pasó de tener facturación bimestral a mensual.
El Real Decreto habla de la creación "de inmediato" de una oficina de protección al consumidor, ha entrado en vigor el día 25 de febrero pero el Ministerio tiene prevista su apertura en el mes de julio, y teniendo en cuenta las reclamaciones que se están generando desde hace dos semanas (ya se han registrado más de 1.500 reclamaciones en la Dirección General de Consumo), la Oficina no podrá atenderlas a tiempo.
CAMBIO DE SISTEMA
Por otro lado, el Gobierno de la Comunidad ha exigido al ministro de Industria, Miguel Sebastián, que explique a los consumidores qué motivaciones le han movido a cambiar la facturación eléctrica de bimestral a mensual, cuando ni las compañías eléctricas ni los consumidores se benefician de dicho cambio. A su juicio, el Gobierno central tiene que volver a un sistema de tarificación de carácter bimensual por consumo efectivo, "el que estaba hasta el momento", o en su defecto, a un modelo mensual pero con consumo efectivo, "y no con estimación".
La Comunidad de Madrid ya denunció la semana pasada que con este cambio en la facturación el Ministerio no hacía sino "encubrir" una subida de la electricidad muy superior a la anunciada por el ministro Sebastián, fijada en el 4 por ciento. "Esperamos que rectifique esta decisión que en algunos casos está suponiendo una subida encubierta de la factura muy superior al 4 por ciento que señaló el ministro y que en algunos casos ha llegado al 125 por ciento", apostilló.
Ante las numerosas quejas y reclamaciones recibidas, la Comunidad abrió un expediente informativo a las compañías eléctricas el pasado 30 de enero para investigar los motivos de las facturas tan elevadas. Desde entonces se han mantenido diversas reuniones con las compañías eléctricas, que se han comprometido a revisar todos los errores que se hayan producido en las facturas emitidas en los dos últimos meses existan o no reclamaciones.
Las compañías, a las que se les ha requerido información sobre las facturas, han dispuesto también un canal de comunicación exclusivo para atender y contestar en plazo las reclamaciones presentadas ante la Dirección General de Consumo.
