MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha elaborado una orden de actuación en los centros residenciales de la región, adaptando así la orden ministerial que autoriza a la Consejería de Políticas Sociales a intervenir de manera inmediata aquellas residencias que se encuentren en situación crítica.
En la práctica, esto significa que desde la Consejería se podrá designar a un funcionario para dirigir y hacerse cargo de aquellos centros donde la situación haga inviable la prestación de este recurso, independientemente de que el centro sea público o privado, han informado a Europa Press fuentes regionales.
Por otro lado, la orden permite la contratación de personal extraordinario para trabajar en los centros (estudiantes, jubilados...). Todos esos efectivos podrán dar servicio en las residencias de mayores en las que se requiera. Asimismo, permite poner en marcha nuevos geriátricos o modificar las ya existentes.
Además, la Consejería de Políticas Sociales seguirá comunicando a diario las incidencias que se detecten en los centros (falta de medios, problemas para traslado de cadáveres, etc) a la Consejería de Sanidad, a Delegación de Gobierno, y al Ministerio de Derechos Sociales.
ACTUACIONES DE LA CONSEJERÍA DESDE EL INICIO DE LA CRISIS
Desde el inicio de la crisis, la Consejería ha señalado que su "prioridad" ha sido la protección de las personas mayores, un colectivo especialmente vulnerable al Covid-19. Por ello y siempre en coordinación con la Dirección General de Salud Pública, ya el 6 de marzo se dio orden de cierre de los centros de mayores de la región. Asimismo, ese mismo día se envió un protocolo de actuación a cada centro.
Dicho protocolo incluía medidas como el aislamiento de los positivos, la habilitación de espacios comunes para estas personas, la dotación a cada uno de estos usuarios de una mascarilla quirúrgica y las instrucciones personalizadas acerca de las medidas de prevención de la transmisión, teniendo en cuenta el nivel cognitivo y capacidad de colaboración de cada persona.
Asimismo, limpieza y desinfección del mobiliario y objetos, limitación de traslados y desplazamientos de los usuarios entre las propias zonas y dependencias del propio centro.
El 8 de marzo, en colaboración con la Dirección de Salud Pública, la Consejería remitió una instrucción a todas las residencias de mayores de la región, públicas y privadas, para limitar las visitas familiares con el objeto de disminuir el riesgo de infección por coronavirus.
"Reiteradamente durante estas semanas hemos estado exponiendo la necesidad de EPIs frente al coronavirus, tanto para el personal que trabaja con las personas mayores como para las personas infectadas. Los equipos con los que se contaba, suficientes para la atención a los residentes en condiciones de normalidad, es absolutamente insuficiente para la pandemia", señala el departamento que dirige Alberto Reyero.
El 10 de marzo la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) adquirió EPIs por valor inicial de 1,05 millones de euros para dotar a todos sus centros de más medidas de protección. A 20 de marzo, tras la declaración del estado de alarma, había una necesidad importante de equipos de protección ya que el stock del que disponía previamente la AMAS para la manipulación de medicamentos peligrosos (guantes, mascarillas FFP3, batas) menguó drásticamente al consumirse miles de unidades cada día.
SEGUIMIENTO DIARIO Y MEDIDAS DE CONTROL
Por otra parte, el día 18 la Consejería intensificó las medidas de control en todas las residencias de mayores con un control diario de la situación de cada centro, que está realizando el cuerpo de inspectores del Centro de Control de Calidad e Inspección (CIRA).
Desde esa fecha diariamente han hecho un seguimiento de las 475 residencias existentes en la región, tanto las de gestión privada como las de gestión indirecta y de titularidad pública.
Asimismo, Políticas Sociales ha pedido desde el inicio de la crisis sanitaria a las residencias que mantenga contacto diario con los familiares, informándoles de la situación de cada persona mayor residente en los centros. Esta comunicación la debe realizar una persona designada por el centro cuando no pueda la persona mayor residente a través de medios telefónicos y telemáticos.
Por otro lado, Reyero solicitó la activación del apoyo logístico del Ejército para atender los recursos residenciales y poder hacer frente al Covid-19 debido a las consecuencias devastadoras del virus sobre las personas mayores y personas con discapacidad que residen en los centros.
Desde el 19 de marzo hasta hoy los efectivos de la UME han intervenido en cerca de 80 centros residenciales de la región, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad, han indicado las mismas fuentes.
