Explican que toman esta medida porque el Ministerio "no es capaz de ofrecer este dato", que es imprescindible para aprobar la solicitud
MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid remitirá desde una carta a todos los madrileños que han pedido la Renta Básica de Emancipación (RBE) y trabajen por cuenta ajena para que presenten ante las ventanillas regionales un certificado de haberes para comprobar que cuentan con una fuente regular de ingresos, "una documentación que el Ministerio de Vivienda es incapaz de ofrecer".
Según señaló la Consejería de Vivienda, el artículo 2 del Real Decreto que regula esta prestación, exige conocer el nivel de ingresos del solicitante para comprobar su aprobar o no la ayuda. "Nos hemos visto obligados a pedir directamente a los jóvenes que trabajan por cuenta ajena la documentación que el Ministerio no nos facilita para que, de este modo, puedan cobrar esta ayuda en tiempo y forma", explicó Juan Van-Halen, director general de Vivienda, quien aseguró que "el Ministerio de Vivienda ha incumplido el convenio que firmó con la Consejería de Vivienda".
En este convenio, el Ministerio se había comprometido a facilitar todos los datos necesarios para que la Comunidad de Madrid tramitara las solicitudes y comprobara que los demandantes cumplían con todos los requisitos. "Para ello, el departamento que dirige Carme Chacón eligió un sistema informático que desde la entrada en vigor de la RBE, el pasado 2 de enero, no ha permitido tener acceso a los datos de la Tesorería de la Seguridad Social ni de la Agencia Tributaria", agregó.
CONTACTOS CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA AGENCIA TRIBUTARIA
Por otro lado, la Consejería de Vivienda manifestó que desde enero, ha notificado estos problemas al Ministerio, "sin que hasta la fecha éste haya resuelto ninguno de ellos".
"Ante la inoperancia demostrada por el departamento de Chacón, a finales del pasado mes de enero la Consejería de Vivienda se vio forzada a iniciar contactos directos con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria para que estos organismos facilitaran la información con la que se comprueba que todos los solicitantes cumplen los requisitos. Estas gestiones permitieron que el pasado día 22 de febrero la Agencia Tributaria y la Seguridad Social intercambiaran ficheros con la Consejería de Vivienda con información de los primeros 4.788 solicitantes", añadieron.
Sin embargo, según el departamento que dirige Ana Isabel Mariño, la Agencia Tributaria confirmó a la Consejería de Vivienda que no dispone de información para acreditar que los jóvenes solicitantes de la ayuda que trabajan por cuenta ajena disponen de una fuente regular de ingresos. "Esta es la razón por la que la Comunidad de Madrid se ve obligada a requerir a los solicitantes la presentación de un certificado de haberes que demuestre que tienen una fuente regular de ingresos, requisito obligatorio para percibir la ayuda", explicó.
Desde la entrada en vigor de la RBE, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los madrileños 19 ventanillas para que los ciudadanos de entre 22 y 30 años tramiten sus solicitudes. Además, cerca de 180 empleados tramitan las solicitudes y dan información a los ciudadanos sobre la RBE.
MÁS DE 23.000 SOLICITUDES PRESENTADAS
La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de 14.300 solicitudes de la Renta Básica de Emancipación, el 60 por ciento de las presentadas, pero no ha resuelto ninguna de ellas "debido a los problemas con el sistema informático del Ministerio para acceder a los datos de la Tesorería Seguridad Social y de la Agencia Tributaria", señalaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Vivienda.
El último recuento, efectuado la pasada semana, arroja que las 19 ventanillas que ha habilitado el Gobierno regional para tramitar esta ayuda han registrado en papel 23.520 solicitudes desde el 2 de enero, 6.500 durante este mes de febrero, y han sido grabados en el sistema informático para su posterior comprobación 14.300, 10.000 este mes.
La Consejería también criticó al Ministerio "las prisas" a la hora de poner en marcha "un sistema muy difícil" y la "tardía" formación que recibieron los empleados públicos, que fue impartida el pasado 7 de febrero. "Los 180 funcionarios han puesto todo de su parte en esta tarea y ahora el tiempo nos está danto la razón", dijeron dichas fuentes.
La Consejería de Vivienda reiteró que, debido a estas incidencias, no se ha resuelto todavía ninguna solicitud y aseguró que la única ayuda totalmente concluida a la que se refirió la ministra Carmen Chacón a principios de mes, que fue denegada, "corresponde a una prueba que se hizo para ver si funcionaba el sistema". "En Cataluña sólo se aprobaron dos; quizá también eran pruebas", añadió.
Según el convenio, el Ministerio tiene 15 días hábiles para conseguir todos los datos necesarios para realizar la tramitación. Luego, el Gobierno regional tiene un mes y medio para expedir y comunicar la respuesta tanto al Ejecutivo central como al solicitante.
FALLOS Y OBJETIVOS "NO CUMPLIDOS"
Por otro lado, el departamento de Mariño criticó que sólo el 5 por ciento de los formularios presentados corresponden a jóvenes menores de 30 años con contratos en alquiler firmados con posterioridad a la puesta en vigor de la medida. Así, entre el 80 y el 85 por ciento de los demandantes ya vivía de alquiler anteriormente y el otro 10 por ciento restante ha presentado la solicitud sólo para comprobar si tienen derecho a ella, con la idea de buscar un piso en régimen de arrendamiento en un futuro.
Asimismo, indicó a Europa Press que los funcionarios se encuentran con diversos fallos en el sistema informático que ha puesto en marcha el Ministerio. Entre ellos, la imposibilidad de incluir correos electrónicos de más de 30 dígitos o números de seguridad social de Francia --ya que éstos tienen más caracteres--, así como la falta del número de cuenta del propietaria en muchos de los casos y la imposibilidad de guardar los formularios con algún datos sin rellanar.
A pesar de estos incidentes, la Consejería de Vivienda recalcó que trabaja "con todos sus esfuerzos y recursos" en garantizar esta ayuda y que todos los solicitantes recibirán los 210 euros de forma retroactiva al momento que lo pidieron, independientemente de cuando se resuelva.
