MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, reconoció hoy que después que el Tribunal Supremo determinara que no cabe la objeción de conciencia con la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), el Gobierno regional tuvo que acatar la ley y no puede hacer "nada más".
Figar respondió así, en una entrevista de Telemadrid, a las críticas vertidas por algunas asociaciones de padres objetores de la asignatura que han acusado a las comunidades gobernadas por el PP de tener abandonados a sus alumnos pese a no apoyar los contenidos de la materia.
Según la consejera madrileña, los contenidos curriculares los elaboran ellos "teniendo en cuenta que no entren en conflicto con lo que pudiera suponer la responsabilidad de los padres en educación en valores morales de los hijos". Así, las líneas básicas las diseña el Ministerio de Educación y la Comunidad las desarrolla.
"También hicimos posible la objeción de conciencia a aquellas familias que así le refrendaban sus derechos las sentencias judiciales, pero, a raíz de la última sentencia del Tribual Supremo por la que no cabe la objeción, no podemos hacer nada más", subrayó, al tiempo que aseguró que la "batalla" a este respecto "sigue" y que "no está perdida".
En otro orden de cosas, Figar apuntó que el pacto por la Educación que pide el PSOE "supone la constatación del fracaso de sus leyes y programas educativos". "El PP pedirá en ese pacto respeto a la libertad de elección, que haya una vertebración del sistema educativo en España y que los contenidos mínimos se eleven", añadió.
A juicio de la consejera madrileña, el pacto debe recoger una idea concreta para que no se caiga "en el localismo por la ausencia de una visión común de Estados y un imperativo mayor: la instrucción bajo los principios de exigencia, esfuerzo, mérito y autoridad del profesor".
