Dice que cambia el régimen de valoración del suelo, "lo que lesiona la seguridad jurídica y económica de los dueños de vivienda y suelo"
Además, denuncia que la normativa estatal fija en un 30% la vivienda protegida en nuevos desarrollos frente al 50% de la regional MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Suelo al considerar que esta normativa estatal invade diversas competencias exclusivas del Gobierno regional, impide medidas liberalizadoras del sector, perjudica a los pequeños propietarios, aumenta los trámites burocráticos e impone "idearios cercanos al socialismo radical".
Según informó hoy la Administración autonómica, en esta norma, que refunde la Ley del Suelo estatal con los preceptos que aún quedaban vigentes de la antigua Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, el Ejecutivo central "invade competencias urbanísticas exclusivas de la Comunidad de Madrid ya que, entre otras cosas, modifica el régimen de valoración del suelo, lo que no sólo lesiona el derecho a la seguridad jurídica y económica de los propietarios del mismo, sino que conculca el derecho constitucional a la propiedad y a una indemnización justa en caso de expropiación".
"La norma estatal ha distorsionado gravemente el mercado del suelo y, lo que es más negativo ha contribuido a ahondar la crisis del sector inmobiliario. Además, la norma rebaja la reserva obligatoria del suelo para vivienda protegida a un 30 por ciento, frente a la obligación del 50 por ciento de pisos de protección que fija la ley regional para los nuevos desarrollos urbanísticos", dijo.
Por otro lado, el Ejecutivo autonómico considera que la ley nacional supone una "intromisión" en las competencias autonómicas de vivienda, "ya que impone un modelo de ciudad a los ayuntamientos y comunidades autónomas, cuando la Administración central únicamente puede establecer los mecanismos de financiación para la vivienda protegida, pero nunca desarrollar una política de vivienda".
Asimismo, aseguró que el nuevo texto de la Ley del Suelo perjudica a los propietarios del suelo, al dar preferencia a terceros -no propietarios- para la realización de obras de urbanización de los futuros barrios.
UNA NORMA "EFICAZ Y SECTARIO"
Por todo ello, el Gobierno regional señaló que la nueva normativa estatal atenta contra el derecho a la propiedad privada y es intervencionista porque "limita la libertad legislativa de las comunidades autónomas y las competencias municipales relativas al desarrollo de los planeamientos urbanísticos".
"La ley convierte las expropiaciones en expolios y en confiscaciones del patrimonio de los particulares. Además, las expropiaciones se realizarán sin compensaciones justas, proponiendo precios enormemente inferiores a los del mercado, lo que provocará perjuicios a los propietarios y un gran número de reclamaciones judiciales", indicó.
Por ello, la Comunidad de Madrid cree "necesario" el recurso para salvaguardar sus competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, porque es "ineficaz, ya que no contribuye a la bajada del precio de la vivienda y no evita la especulación urbanística", y porque "ha propiciado la crisis del sector inmobiliario, la crisis del sector financiero y, por tanto, ha perjudicado a los ciudadanos que todavía tienen capacidad para adquirir viviendas".
El Gobierno regional recordó que el pasado 26 de julio de 2007 decidió interponer un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del anterior texto de la Ley del Suelo. Este recurso fue admitido a trámite por el Pleno del Tribunal Constitucional el 25 septiembre del pasado año. Ahora, ante el nuevo texto refundido de la Ley, el Ejecutivo regional considera necesario presentar un nuevo recurso ante el Constitucional al considerarse vulneradas, una vez más, las competencias de la Comunidad de Madrid.
IMPOSICIÓN DE LOS USOS DEL SUELO
Concretamente, el Ejecutivo regional mantiene que el Estado ha realizado una interpretación expansiva de las competencias que le atribuye el artículo 149 de la Constitución en materias tales como igualdad de derechos, planificación de la actividad económica, bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, para introducir preceptos de "dudosa constitucionalidad".
De este modo, en opinión del Gobierno regional, la norma estatal "impone el destino de los patrimonios públicos de suelo, obligando a las comunidades autónomas y ayuntamientos a hacer un uso determinado de sus terrenos e impidiendo que sean los Gobiernos regionales y locales los que decidan en cada momento qué uso dar a sus suelos en función de las necesidades de los ciudadanos".
Igualmente, en materia de vivienda protegida la legislación estatal detalla los casos en los que las administraciones locales podrán sustituirlas entregas obligatorias de suelo para vivienda protegida por otras formas de cumplimiento de esta obligación, como es el pago en metálico, incidiendo de nuevo en la política de vivienda.
"Otra intromisión en las competencias en materia urbanística, se produce cuando el Estado impone a las administraciones autonómica y municipal un sistema público de información al ciudadano sobre suelo y urbanismo, cuando ya existen mecanismos de información al público en los procedimientos regionales de elaboración de los planes urbanísticos", añadió el Ejecutivo autonómico.
Por último, el Ejecutivo regional también ha considerado una injerencia en sus funciones el grado con que la Ley del Suelo estatal detalla los documentos que han de ser sometidos a información pública y porque incide en la capacidad de autoorganización de la administración regional al exigir un informe de sostenibilidad ambiental y económica de los desarrollos urbanísticos. "Con todo ello, se pretende imponer un criterio de actuación urbanística para el que el Estado no es competente", concluyó.
