Advierte de que el proceso de negociación y debate continúa pero sobre la base del texto aprobado
MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy remitir al Parlamento regional el proyecto de Ley de la Cañada Real Galiana que tiene como intención solucionar los problemas de esta zona de 14,2 kilómetros de la región, especialmente en el espacio que afecta a los municipios de Madrid, Coslada y Rivas.
Así lo anunció hoy el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, quien recordó que el anteproyecto ha sido "consensuado" con los ayuntamientos afectados y con la Delegación de Gobierno. No obstante, apuntó que el proceso de debate continúa, pero sobre la base del texto normativo ya elaborado.
Una vez que la ley se apruebe, los ayuntamientos tendrán seis meses para elaborar un censo de parcelas y personas. Además, todas las organizaciones competentes deberán llegar a un acuerdo que resuelva los problemas de tipo social de la zona y los municipios, en el ejercicio de sus competencias, deberán definir el uso que les darán a través de una leve modificación de sus planes generales.
El texto también fija un plazo de dos años desde de la aprobación de la norma en el que la Comunidad de Madrid podrá permutar, ceder, conservar o vender los suelos de la Cañada. En este aspecto, el Consejo Económico y Social (CES), que ya dio su visto bueno al borrador, recomienda que se marque un mecanismo flexible sobre este plazo que permita su ampliación en función de situaciones de carácter excepcional.
Sobre este aspecto, González explicó que no tiene sentido que no exista un plazo, porque eso sería garantía de que el problema "se puede eternizar", tal y como ha ocurrido en todos estos años. "El plazo de dos años es suficientemente razonable y disuasorio para que todas las tareas que hay que hacer con carácter previo se hagan e incitar a las administraciones que se pongan a trabajar para la solución de la Cañada", argumentó. A su juicio, el plazo no está fijado para "facilitar a nadie las decisiones al margen del proceso o simplemente por un interés distinto de solución del problema de la Cañada".
Al ser preguntado por si el texto normativo se mantiene como estaba en un principio a pesar de las críticas que ha suscitado entre los ayuntamientos, especialmente en el de Madrid, el vicepresidente apuntó que la negociación con los consistorios "ha existido y sigue existiendo".
"El texto ha sido remitido con carácter previo a las partes y ha sido conocido. Sobre ello, hemos ido trabajando y se han introducido algunas matizaciones. Es una texto en el que sí ha habido negociaciones con las partes", aseveró, al tiempo que precisó que otra cosa es que pueda haber "diferentes enfoques" en algunos temas puntuales por parte de algunos ayuntamientos.
Además, recordó que este borrado está sujeto durante su tramitación parlamentaria a modificaciones y enmiendas que se puedan plantear por parte de los grupos políticos. "El proceso de diálogo y de consenso sigue, pero sobre la base de un texto concreto que está en la Asamblea", puntualizó.
