Se volverán a reunir en septiembre con la ministra Cabrera y confían en que se pueda implantar con garantías y consenso
MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Comunidades autónomas gobernadas tanto por PSOE como por PP rechazaron hoy la propuesta del Ministerio de Educación y Asuntos Sociales sobre la Ley de Dependencia y exigieron una financiación suficiente. Todos estuvieron de acuerdo con la propuesta de la ministra Mercedes Cabrera de darse un plazo de reflexión hasta septiembre para que pueda implantarse con garantías.
El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, del BNG, criticó al Gobierno por afirmar que la crisis no iba a rebajar las políticas sociales cuando "hoy hemos presenciado una evidencia de que la realidad no va por ese camino". Quintana subrayó que no se han podido constatar que existan los recursos necesarios para implantar una ley "ambiciosa", cuyo mantenimiento "va a descansar fundamentalmente en los recursos y en las capacidades de las comunidades autónomas".
Según Quintana, la política social de la Xunta ha permitido que los ciudadanos gallegos puedan recibir las prestaciones y resaltó el "acierto" del gobierno gallego al asegurar, en su momento, la firma del convenio en el que el Estado se comprometió a pagar a Galicia la deuda histórica en materia social. "Fue un convenio que reportó 60 millones de euros adicionales, y con esos 60 millones de euros adicionales lo que hemos hecho es construir una red pública para la atención de las personas dependientes. Si no hubiéramos hecho eso, con el nivel de financiación que ahora se nos propone, Galicia no tendría nunca una red pública de atención al dependiente".
Por su parte, Tomás Mañas, consejero de Castilla-La Mancha, se mostró de acuerdo en iniciar un periodo de reflexión hasta después del verano y también en pedir una financiación suficiente. En cuanto al sistema de copago, apuntó que nunca van a exigir a los usuarios "que colaboren más de lo que están haciendo".
"Esta es una ley que garantiza derechos, y que hemos dicho todos que es el cuarto pilar de Estado del bienestar, como es la educación, la sanidad o las pensiones", apuntó.
La consellera catalana de Bienestar Social, Irene Rigau, se limitó a expresar su postura favorable a iniciar un periodo de reflexión que lleve a discutir de nuevo la aplicación de la Ley en septiembre y que permita "mejorar" la financiación de la misma.
La consejera de Asuntos Sociales del gobierno de Canarias, Inés Rojas, expresó su rechazo a la financiación propuesta por el Ministerio. Rojas coincidió con la ministra Cabrera en que es necesaria una reflexión "exhaustiva" sobre la Ley para que pueda implantarse con todas las garantías y con consenso.
"Nos preocupa --argumentó-- que esta ley, y es lo que vamos a debatir en septiembre, no tenga una financiación estable y garantizada que de verdad asegure la implantación con garantías de esta ley , y en estos momentos a día de hoy y de año 2008, la ley estaba presupuestada en 876 millones de euros, de los que el Estado solo reparte 241 entre las comunidades autónomas. Quedan ahí 600 y pico millones de euros que no sabemos muy bien exactamente en que lo va a distribuir el Estado".
CRÍTICAS DE MADRID Y MURCIA
Desde las comunidades gobernadas por el PP, la consejera madrileña Beatriz Elorriaga también mostró su desacuerdo con las cifras aportadas por el Ministerio. "La realidad es que la comunidad de Madrid se va con 3 millones de euros menos que el año pasado", dijo y añadió que esto demuestra que sí se están rebajando las políticas sociales.
Así, recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró esta misma semana que no habrá una rebaja en las políticas sociales como consecuencia de la crisis económica.
Joaquín Bascuñana, consejero de Política Social, Mujer e Inmigración de Murcia, resaltó que se han retirado dos puntos del orden del día: copago y acreditación de centros. Bascuñana se mostró favorable al periodo de reflexión propuesto por Cabrera y también dejó patente que con la financiación actual no podrán aguantar "más de dos años".
Subrayó que el esfuerzo llevado a cabo en Murcia para aplicar la ley "sobrepasa la media" y que necesitan el dinero para "poder empezar a pagar lo que hasta ahora estamos llevando a cabo con fondos propios". "Para este año nosotros estábamos hablando de una necesidad de 14 millones de euros para poder atender todas las necesidades", concluyó.
LEY FORAL EN NAVARRA
Por su parte, la consejera de Navarra, Maria Isabel García Malo, apuntó que las comunidades van a dar "un voto de confianza" al ministerio para iniciar una reflexión sobre la ley. Subrayó que la norma tiene que llevar aparejada una financiación "suficiente" para que se "materialice".
"En estos momentos la financiación que pone el Estado encima de la mesa es claramente insuficiente, hasta tal punto que en Navarra hemos aprobado nuestra propia ley foral de servicios sociales en la que por supuesto se contempla la dependencia y hemos comprometido un gasto para los próximos años de 850 millones de euros", remachó.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, César Antón, consideró "claramente insuficiente" la propuesta del ministerio. Explicó que actualmente tienen que sumar 12.000 dependientes a los 15.000 que ya atendían, para lo que cuentan con 2,4 millones de euros más de los 17,8 millones que ya tenían. "Es decir, el nivel acordado es claramente insuficiente para los datos de la financiación y en particular de Castilla y León", enfatizó.
