El fiscal general no ha dado "ningún tipo de instrucción ni pauta verbal concreta" respecto a la actuación fiscal
MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha trasladado al máximo responsable de la Fiscalía de Madrid, Manuel Moix, su "preocupación" por que se respeten los derechos de las mujeres abortistas en el marco de la investigación abierta contra las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo que operan en la capital.
Conde-Pumpido telefoneó al fiscal jefe de Madrid para expresarle su preocupación ante las informaciones periodísticas publicadas a raíz de la citación de 25 mujeres por parte del juez José Sierra Fernández, que investiga a la clínica Isadora, para declarar ante la Guardia Civil acerca de los abortos que practicaron el pasado año.
La llamada de Conde-Pumpido se produjo después de que la vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificara el pasado lunes la ola de denuncias contra estas clínicas como "una campaña de intimidación" y reconociera que había ordenado a la Fiscalía General del Estado que se "extremaran las medidas para proteger la intimidad de las mujeres" en el procedimiento abierto contra los centros abortistas.
En esta línea, el número '1' del Ministerio Público en Madrid aclaró a Europa Press que Conde-Pumpido no ha dado "ningún tipo de instrucción ni pauta verbal concreta" respecto a la actuación fiscal en este proceso, si bien reconoció que le había telefoneado personalmente para comunicarle su "preocupación" por el hecho de que se puedan infringir los derechos de las mujeres que practicaron abortos en la época investigada por el magistrado.
Ante las presiones recibidas por las clínicas, Moix se reunió la semana pasada con miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), a quienes sugirió denunciar las supuestas "irregularidades número y forma en que se han hecho las inspecciones" para que la Justicia investigue las acciones de la Consejería de Sanidad.
RESTOS HUMANOS EN LA BASURA
La investigación contra la clínica Isadora se inició a raíz de una denuncia de 'La Vida Importa' interpuesta el 9 de junio de 2006 ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil contra Isadora por tirar restos humanos (de fetos de más de ocho meses) y biosanitarios (gasas o jeringuillas) en los cubos de basura.
Sin embargo, la investigación no comenzó hasta el pasado febrero, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) verificó que la clínica vulneraba la normativa que regula la gestión de residuos medioambientales y que practicaba abortos ilegales.
El SEPRONA envió a la Guardia Civil los datos recabados, que a su vez los remitieron al juez. La causa cayó en un principio en el Juzgado número 31 que estaba de guardia, pero posteriormente entró en reparto al Juzgado de Sierra Fernández.
Al mismo tiempo, la juez de Madrid Gemma Gallego, titular del Juzgado de Instrucción número número 45, investiga la práctica irregular de interrupciones voluntarias del embarazo de las clínicas 'CB Medical Ginedemex', la filial en Madrid del centro abortivo de Carlos Morín, y 'Mayrit'.
Estas diligencias se derivan de las denuncias presentadas por la Consejería de Sanidad contra estos centros ante los Juzgados de Instrucción de la plaza de Castilla. El Gobierno regional ordenó la suspensión cautelar de la actividad de estos centros.
