La investigación policial sobre la compraventa del ático concluye con que no hubo irregularidades
MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
El director general de la Policía, José Ignacio Cosidó, ha achacado la investigación que se llevó al "margen de la cadena de mando" sobre un piso que tiene alquilado en Marbella el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, a las "órdenes" de altos mandos pertenecientes a la administración anterior.
Durante su comparecencia en el Senado para explicar la investigación policial que se ha llevado a cabo sobre la compraventa de este ático a raíz de una denuncia del Sindicato Unificado de la Policía, Cosidó ha indicado que algunos de los hechos descritos fueron "consecuencia de órdenes dadas por altos mandos de la administración anterior".
Por otro lado, ha explicado que tanto la investigación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada como la abierta por la Comisaría General de Policía Judicial sobre la compraventa del piso han quedado archivadas con la conclusión de que no hubo irregularidades y ha afirmado que no se abrirá ninguna nueva actuación a no ser que lo solicite el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial competente.
En concreto, ha explicado que el pasado 18 de junio la Brigada Central del Blanqueo de Capitales remitió a la Fiscalía Anticorrupción un oficio con los resultados del análisis policial de la información recibida procedente tanto del Consejo General del Notariado como del Registro Central de la propiedad.
"Del análisis policial efectuado no se deduce irregularidad formal alguna en la operación de compraventa del inmueble salvo que la escritura pública hasta el momento no se ha inscrito en el registro de la propiedad", ha relatado el director general de la Policía.
Por otro lado, ha apuntado que tras otras investigaciones en el Ayuntamiento de Estepona por parte del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales para saber quién abonaba los impuestos municipales desde la compraventa del ático, también se deduce que "no existen datos sobre operativas sospechosas o comunicaciones sobre los movimientos de efectivos" en los que hubiera participado las personas físicas o jurídicas investigadas.
