MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
El decano del Colegio de Ingenieros de Montes de Madrid, José Carlos del Álamo Jiménez, criticó hoy que la Ley Ómnibus, que supone la aplicación en España de la directiva comunitaria sobre los servicios de mercado interior, "no protege" el medio ambiente español, al no haberlo declarado de interés general.
Según del Álamo, la directiva comunitaria tiene como objetivo "crear un marco jurídico que garantice la libertad de establecimiento y de circulación de servicios entre Estados miembros de la UE". "Así, éstos no podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio a requisitos que no respeten los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad", apuntó el decano.
Así, "dicho requisito deberá estar justificado por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública o de protección del medio ambiente", y deberá estar "sometida a requisitos tales como la exigencia de una determinada cualificación profesional para poder realizarla".
"Ambos aspectos implican un control imprescindible de la actividad, que hasta este momento han realizado los colegios profesionales. Sin embargo, los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno en el Congreso de los Diputados han rechazado los acuerdos alcanzados en el Senado, en un ejercicio de amplia lucidez y de visión de futuro, olvidando el principio de la protección del medio ambiente en la redacción de la Ley Ómnibus, en clara contradicción con los contenidos de la aireada Ley de Economía Sostenible", apostilló el decano de los ingenieros de Montes.
Esto pese a que entre 1996 y 2005, según sus cálculos, "España perdió casi 2.500 millones de euros sólo en costes de extinción de incendios forestales y en pérdida de recursos naturales".
"Legislan dando la espalda al interés de los ciudadanos, a quienes sí importa la protección del medio ambiente cada vez en mayor medida. Por eso no comprendemos que un país como España, que se enorgullece a nivel internacional de apostar por un modelo de desarrollo basado en lo que el Gobierno denomina 'economía sostenible' pretenda sostener en sus leyes que la protección del medio ambiente, en contra de la propia Directiva europea, no es una prioridad de interés general en el ejercicio de los servicios profesionales", continuó del Álamo.
Finalmente, en nombre de los 3.800 ingenieros de Montes asociados al Colegio, exigió a los legisladores "la coherencia y responsabilidad que exige el artículo 45 de la Constitución" y solicitó que "en los próximos desarrollos normativos sobre visados profesionales previstos en el desarrollo normativo de la Ley Ómnibus sean considerados los trabajos relacionados con la protección del medio ambiente al mismo nivel legal, al menos, que los recogidos en la citada Ley relativos a la salud, la integridad física y la seguridad de las personas, por los derechos de la personas a disfrutar de un medio ambiente para el desarrollo de las personas".
