MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
El informe del Defensor del Pueblo de 2009 duda de que sea necesario aprobar una ley 'ad hoc' para la Cañada Real Galiana, que tramita la Asamblea de Madrid desde hace casi un año, ya que a su juicio los instrumentos con los que cuentan las administraciones públicas actualmente serían suficientes para atajar esta situación.
En su informe de 2009, consultado por Europa Press, Enrique Múgica afirma haber encontrado una "escasa colaboración" en las administraciones implicadas "para buscar una solución integral con los medios disponibles, mientras se busca una solución mediante un ley ad hoc que ofrece dudas sobre la finalidad buscada", es decir, que realiza un "tratamiento eminentemente territorial para encuadrar los demás aspectos del problema".
Así, Múgica considera que la Comunidad "malinterpreta" las argumentaciones de la institución que dirige, al deducir que "se insta a autorizar la implantación de usos residenciales en suelos especialmente protegidos y considerados bienes de dominio público, algo por completo incierto".
A continuación, insiste en que el Defensor del Pueblo "proponía tomar en consideración la posibilidad de intervenir integralmente en la zona con instrumentos urbanísticos y territoriales", y duda de que "la legislación vigente y los instrumentos puestos a disposición de la administración urbanística y territorial por el legislador madrileño sean insuficientes para atender el problema de la Cañada Real, y que sea preciso un proyecto de ley especial".
Entre otros ejemplos, indica que la Comunidad "podría utilizar instrumentos tales como los Programas de Rehabilitación Concertada en Áreas Urbanas", y destacó que las funciones del Ejecutivo autonómico "no pueden empezar ni acabar en lo que se refiere a la ocupación de una vía pecuaria y su recuperación", sino que debe tener en cuenta otras variables como realojos, eventuales legalizaciones, escolarizaciones, demoliciones, etcétera.
"Tantas acciones que sólo pueden ser efectivas si son integradas en una planificación integral supramunicipal", añade Múgica, criticando que el Gobierno regional "no parece reconocer la calidad de vecinos a quienes allí habitan, pues se refiere a ellos en expresión entrecomillada" en los documentos remitidos al Defensor del Pueblo.
Además, el equipo de Esperanza Aguirre "no considera asuntos que le conciernan" los relativos a derribos y su relación con la población extranjera, "nuevamente confundiendo competencia con responsabilidad y dando a entender que desconoce que, aunque carezca de competencia para decidir, ello no le impide ejercer la competencia para recabar información", lo mismo que sobre la atención al toxicómano o el tráfico de drogas en la zona.
"La Consejería deduce que como en la Cañada Real de Madrid hay, en primera instancia, un problema de legalidad urbanística y ello es de competencia municipal, entonces es 'exclusivamente' municipal y, por tanto, es un asunto que tampoco le concierne", apostilla el informe.
INFORMACIÓN "ESCASA E INCOMPLETA"
Además, asegura que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha ofrecido "escasos e incompletos, si no contradictorios", argumentos para justificar la necesidad de la normativa, y lamenta el "escaso fruto obtenido hasta el momento" en su cooperación con el Ejecutivo autonómico así como la "virtual inutilidad de proseguir las actuaciones con la Comunidad de Madrid".
Y es que la institución que dirige Múgica inició en noviembre de 2007 una investigación sobre la "extremadamente compleja" problemática de la Cañada, donde viven unas 40.000 personas en 1.700 viviendas e infraviviendas, tras la que concluyó que "el problema sólo podrá ser solucionado mediante la colaboración y coordinación del Estado, la Comunidad de Madrid y los cinco municipios" implicados --Madrid, Rivas, Coslada y Getafe--.
El Ayuntamiento también habilitó entonces algunos emplazamientos de suministro de agua potable en la cañada y colabora con algunas ONG para atender a unas 400 familias, la mitad de las cuales son perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI).
También procedió a realizar varias demoliciones, que Múgica considera "procedentes desde un punto de vista urbanístico y ambiental", y rechaza que el Ejecutivo local actuara "irregularmente".
Sin embargo, no fue hasta finales de 2009 cuando se creó una comisión permanente para el caso, y se firmó un convenio de colaboración entre el Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS) y el área de Familia y Servicios Sociales del Consistorio de la capital para tratar de paliar las deficientes condiciones de vida de estas personas.
"No obstante, según informaciones de distintos medios de comunicación, el acuerdo por el que cada administración se comprometía a dedicar 8 millones de euros al año para abordar los problemas de realojo, educación, sanidad, drogas e inseguridad de la zona no se estaba cumpliendo debidamente", reprochó el Defensor del Pueblo.
Por ello, inició una investigación de oficio para la cual recabó información de la Consejería que dirige Ana Isabel Mariño. "El informe de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio resultó decepcionante", confiesa Múgica, añadiendo que no había "acertado en seleccionar a ese órgano autonómico como el apropiado, no por falta de instrumentos y de competencia jurídica, sino por una actitud manifiestamente ajena al problema".
Como ejemplos, cita que la Comunidad "muestra disposición a colaborar en las iniciativas que se emprendan, pero no dice quién debe tener la iniciativa", quedándose por tanto en una "mera declaración formularia, pues nada concluye".
