Defensor del Pueblo pide a Comunidad reconsiderar el traslado de familias de El Gallinero hasta final de curso escolar

Imagen de El Gallinero en Cañada Real
Imagen de El Gallinero en Cañada Real - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo
Publicado: viernes, 22 noviembre 2019 14:22

La Comunidad asegura no haber recibido este escrito y habla de "normalidad" en el realojo

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha pedido a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid que reconsidere el traslado de las familia del poblado de El Gallinero, que fueron alojadas por el Ayuntamiento, y ha sugerido que se pondere el "interés superior de los menores" y se retrase hasta el fin del curso escolar, después de que se conociera que se van a trasladar a otros municipios de la región.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo también afirma iniciar actuaciones para que tanto el Ayuntamiento como la Comunidad informen de cómo se ha llevado a cabo la distribución del realojo de las familias, si se ha notificado a las mismas, el número de familias afectadas, y se pide copia de los contratos de arrendamiento que han firmado con las administraciones.

En la sugerencia, el Defensor del Pueblo establece "ponderar el interés superior de los menores en la decisión de realojo, retrasando el fin del alojamiento temporal hasta el fin del curso escolar, con independencia de la decisión que se adopte en el recurso interpuesto", se indica en el escrito, en una información adelantada por eldiario.es.

Por su parte, fuentes de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (IVIMA) han confirmado a Europa Press que no han recibido ninguna queja ni sugerencia por parte del Defensor del Pueblo y que el procedimiento habitual suele ser primero pedir información y después realizar la sugerencia.

En este sentido, han apuntado que esta medida está incluida en el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Comunidad durante el año pasado.

"Hay que recordar que este convenio ha sido un gran trabajo realizado, un éxito de todos", ha afirmado, al conseguir acabar con este poblado en condiciones "infrahumanas".

"REALOJO PROVISIONAL"

En este punto, han explicado que el proceso de realojo no se pudo hacer "de manera definitiva" ya que muchas de las personas no tenían su documentación en regla, no tenían ingresos o no conocían bien el idioma, por lo que las familias han tenido que pasar por un "realojo provisional" y han denunciado que se critique el trabajo que realizan las organizaciones sociales con estas familias.

"Todos hemos vivido un cambio de centro escolar por razones de que nuestra familia se haya tenido que mover", han asegurado, a la vez que han añadido que la familia que va a ser trasladada va a tener acompañamiento social. En el caso de este familia, han detallado que será trasladada a una vivienda unifamiliar con cuatro dormitorios y que el municipio, aunque no cuenta con centro escolar, sí que hay una ruta para poder acceder a este servicio.

Asimismo, han indicado que el desalojo funcionaria "muy bien", pero han criticado la posición de los voluntarios de una parroquia al decir que están "entorpeciendo" el desarrollo normal de esta familia y los están "sobreprotegiendo". También, estas mismas fuentes han señalado que el realojo se producirá durante el parón de las vacaciones de Navidad para que realice "con tranquilidad" y que las familias están informadas de este cambio.

Por otro lado, una portavoz del grupo de voluntarios de la parroquia San Carlos Borromeo en El Gallinero Blanca Gómez ha explicado a Europa Press que las familias del poblado de El Gallinero salieron de allí hace aproximadamente un año y dos meses y fueron realojadas de forma dispersa por el Ayuntamiento de Madrid, con quien ha asegurado que pactaron unas determinadas condiciones y se realojaron en distintos distritos como Villa de Vallecas, Puente de Vallecas, Villaverde, San Blas o La Latina.

En este sentido, ha detallado que la Comunidad de Madrid se hizo cargo, al llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, de la mitad de estas familias, aunque ha manifestado que ellas nunca firmaron unas condiciones en las que estuviera establecido que se fueran a ir fuera de Madrid capital, señalar también que no firmaron ningún documento con la Comunidad.

RECURREN "VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS"

En este punto, Gómez ha afirmado que les hicieron presentar una solicitud de vivienda a la Comunidad, aunque ha asegurado que lo hicieron "obligados" para "no quedarse en la calle" y que se les garantizó que las viviendas cumplirían las condiciones pactas.

Sin embargo, han denunciado que las condiciones de estas viviendas que ha ofertado la Comunidad modifican varias condiciones como la ubicación o la renta que tienen que pagar. "El convenio entre la Comunidad y el Ayuntamiento se firmó sin hablar con las familias. Ahora la Comunidad, un año después, viene a hacerse cargo de su 50 por ciento y la mitad de las familias se tienen que ir. Empiezan a asignar viviendas y la primera la mandan a Pozuelo del Rey", ha indicado.

Así, la primera familia afectada por esta decisión tiene que moverse a una vivienda de ese municipio y son siete en total las que se verían afectadas por estos cambios. "De estas siete hay dos que tienen contrato en vigor con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), ha apostillado.

En concreto, la familia que va a ser trasladada a Pozuelo del Rey ha explicado que tiene cinco hijos menores, dos de ellos en secundaria y bachillerato y ha recalcado que son de raza gitana. "Truncar esto es terrible. Están muy integrados, pero no estamos hablando de cualquier niños", ha apuntado, a lo que ha añadido que este pueblo no tienen instituto y tendrían que desplazarse. Por ello, han recurrido que esta decisión vulneraría los derechos de los niños.

Asimismo, ha subrayado que hoy tienen que firmar la aceptación de la vivienda y que, sino lo hacen, estarían "10 años fuera de la asignación de vivienda pública". "Es población muy vulnerable, van a terminar aceptando cosas que son ilegales", ha señalado y ha añadido que tendrían diez días para ocupar la nueva vivienda por lo que ha instado a la Comunidad a que resuelva la petición del Defensor de forma "inminente".

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