MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La institución del Defensor del Pueblo ha indicado en su Informe Anual de 2011 presentado hace unos días que ha recabado numerosos quejas sobre dilaciones indebidas en la Justicia madrileña.
Según se desprende del estudio, en uno de los casos, la compareciente manifestaba su inquietud por las "demoras" que se estaban produciendo en la tramitación de un procedimiento de desahucio seguido en el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Arganda del Rey, iniciado en el año 2009.
El informe de la Fiscalía General del Estado destacó que, en el mes de abril de 2010, se había dictado sentencia estimatoria de las pretensiones de la interesada, pero el lanzamiento se demoró más de un año, concretamente, hasta el día 7 de junio del año 2011.
La institución ha afirmado que este tipo de situaciones se pueden ver beneficiadas por la nueva regulación introducida por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, "que extiende el sistema del juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago", de tal manera que, en el supuesto de que el propietario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, "se pasa directamente al lanzamiento, cuya fecha se comunica en el mismo requerimiento, evitando de esta forma vistas y dilaciones innecesarias".
En otro de los casos, el letrado del compareciente exponía su malestar por el retraso que se estaba produciendo en la práctica de la prueba del análisis del ADN de su cliente, que había sido solicitada hacía más de seis meses por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid al departamento de Biología de la Guardia Civil.
Entre tanto, también señalaba que su cliente se encontraba privado de libertad en la prisión de Teixeiro (La Coruña), debido, según indicaba, a una confusión en la identidad de las huellas dactilares con su hermano. La presente queja está pendiente de la recepción del informe solicitado a la Fiscalía General del Estado.
Además, la Defensora del Pueblo ha tildado de "sangrante" el caso planteado por una compareciente que, en un escrito, describía su "malestar e indignación por las dilaciones judiciales existentes" en la tramitación de las diligencias previas seguidas en el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas Madrid.
También ha destacado que, según la interesada, el procedimiento se inició a raíz del fallecimiento de su marido en un accidente de trabajo y que, en fecha 13 de abril de 2011, mediante auto de la Audiencia Provincial de Madrid, catorce años después de haberse iniciado el procedimiento, la instrucción del mismo había sido parcialmente anulada.
La ciudadana manifestaba su desazón por la situación "de absoluto desamparo" en el que se encontraba después de catorce largos años, en los que había tenido que sacar adelante ella sola a sus dos hijos, que en el momento del fallecimiento del padre contaban con 4 y 7 años de edad, así como los costosos gastos judiciales que había tenido que afrontar, según se refleja en el informe.
Además, la institución señala que la Fiscalía General del Estado evidenció que, al igual que en otras causas de siniestralidad laboral, "la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcobendas había sido muy lenta y ponía de manifiesto que los sucesivos recursos que prevé la ley y que habían sido utilizados por las defensas, habían dilatado su trámite hasta el año 2011", y que el informe concluía señalando que, en fechas recientes, se había formulado escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal.
En otra de las quejas presentadas, el compareciente trasladaba su preocupación por las "dilaciones indebidas" que se estaban produciendo en la tramitación de un procedimiento seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid.
Según el informe, el interesado afirmaba que la última actuación judicial era de fecha 25 de mayo de 2011, sin que tuviera constancia de la realización de otras actuaciones por parte del órgano judicial competente.
La presente queja se admitió a trámite en el mes de diciembre de 2011, solicitándose al Fiscal General el correspondiente informe sobre la cuestión planteada. "Sin duda alguna, el año 2012 será determinante para comprobar la eficacia de las reformas operadas", ha concluido la Defensora del Pueblo.
