MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, y el vicepresidente de la Comunidad, Pedro Rollán, se reunirán el 6 de febrero para estudiar el establecimiento de un protocolo de actuación con el Poder Judicial para no dejar a ninguna persona vulnerable desamparada ante un caso de desahucio.
En una carta que remitió ayer el delegado al presidente autonómico, Ángel Garrido, a la que ha tenido acceso Europa Press, le recuerda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas ha interpelado al Gobierno de España para que adopte las medidas necesaria para "regular de forma justa" el mercado de vivienda y que se consiga una mayor coordinación entre juzgados y autoridades para que quienes no dispongan de recursos tengan asegurada una vivienda alternativa en casa de desahucio.
Además, señala que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2018 hubo un aumento de los desahucios por impago de rentas, así como en el de procesos de gentifricación que se están dando en las grandes ciudades españolas como Barcelona y Madrid, "afectadas de modo especialmente significativo".
Rodríguez Uribes apunta que en el marco de lo establecido por la modificación de junio de la Ley de Enjuciamiento Civil, las distintas administraciones públicas se encuentra concernidas, de acuerdo con sus respectivas competencias, "frente a la necesidad de incorporar protocolos y plantes para garantizar políticas públicas en materia de vivienda, así como medidas ágiles de coordinación, información y cooperación, especialmente con los responsables de los servicios sociales de ámbito autonómico y local, al objeto de prevenir situaciones de exclusión habitacional".
De hecho, el representante del Gobierno central en Madrid ha indicado que diversas comunidades y ayuntamientos han firmado con el Consejo General del Poder Judicial convenios para detectar supuestos de vulnerabilidad con ocasión de los lanzamientos y desalojos de viviendas familiares para posibilitar la adopción de medidas de carácter social.
"Como delegado del Gobierno en estos meses de gestión he podido comprobar, no sin una cierta sensación de impotencia, que no se están dando las condiciones óptimas para poder prestar la necesaria protección a situaciones de vulnerabilidad ante procedimientos de desahucio, y que dicha situación es debida en parte a una falta de interlocución entre las distintas administraciones concernidas y el Poder Judicial. Por todos son conocidos los desahucios suspendidos en el último momento, más por situaciones fácticas sobrevenidas que por motivos racionales, coherentes y justificados", ha señalado en el escrito.
Por todo ello, Rodríguez Uribes considera que existe margen para el establecimiento de un protocolo de actuación en el espacio de la Comunidad de Madrid para facilitar "una repuesta real, integral y satisfactoria" a los requerimientos planteados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Por todo ello, convencido de que comparte con Garrido la misma sensibilidad ante esta problemática descrita y con el ánimo de favorecer que la "necesaria comunicación entre administraciones y poderes del Estado resulta eficaz", le ha invitado al primera reunión, sobre este asunto, que tendrá lugar en Delegación del Gobierno el 6 de febrero. La Comunidad ha respondido confirmando que acudirá a la reunión el vicepresidente regional, Pedro Rollán, han indicado a Europa Press fuentes regionales.
