LAS ROZAS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Vecinos de los pisos que adjudicó el Ayuntamiento de Las Rozas en régimen de alquiler con opción a compra, y que posteriormente fueron comprados por un fondo de inversión, cuando perdieron la protección, han denunciado la aparición de setas en paredes de zonas comunes, a raíz de las humedades que llevan "tiempo denunciando".
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación de Afectados por la vivienda Protección Pública en El Montecillo, Luis Martínez de Eguilaz, ha explicado que las setas se encuentran en la zona de ascensores y que son causa de las humedades "que van avanzando" y que sufren "desde hace años".
"El Ayuntamiento es consciente de los problemas desde hace años pero no hacen nada. Es una tomadura de pelo. Esto es de traca. Este invierno con las lluvias ha sido la pera", ha subrayado.
Según Martínez de Eguilaz, las setas han sido detectadas en la zona de ascensores, pero "manchas de hongos verdes hay por muchos" puntos de la urbanización.
"Esto es para llamar a Iker Jiménez. Están las caras de Belmez y por otra parte las setas premium del Montecillo. Las tenemos con jamón y también al ajillo, tipo hongo buitresco", ha bromeado.
"DEMANDAS DE DESAHUCIO"
La urbanización en cuestión formaba parte de una promoción de 400 viviendas municipales protegidas en régimen de alquiler con opción a compra.
En esta urbanización, 23 vecinos recibieron el pasado mes de enero demandas de desahucio por parte del fondo de inversión que compró la promoción, por negarse a firmar los nuevos contratos de alquiler propuestos por Fidere.
El portavoz vecinal ha indicado que las demandas de desahucio están por el momento "paralizadas" a raíz de la denuncia por la vía penal que "se está investigando" por el Juzgado de Majadahonda contra el Ayuntamiento de Las Rozas y "sus responsables".
Martínez de Eguilaz explicó en enero de 2018, que en mayo de 2017 se cumplieron los siete años de plazo que tenían los adjudicatarios para ejercer la opción a compra de los pisos. En caso contrario, si querían seguir viviendo en las casas, tenían que firmar el contrato de alquiler en el que el fondo de inversión les planteaba una subida de 300 euros mensuales, de forma progresiva en tres años.
De este modo, señaló que además de la subida se les incluían cláusulas "desproporcionadas" que "no podían asumir", por lo que presentaron en el juzgado "demandas de consignación" por las que depositan los alquileres desde mayo de 2017.
En cuanto a por qué no compraron las casas cuando se cumplieron los siete años, ha indicado que "la opción estaba sobreinflada", a "precios de 2006". "Había mucha gente que no tenía ahorros suficientes para afrontarla o que les negaron la hipoteca. No tenemos por qué irnos del municipio. Estos pisos se construyeron en suelo público con un objetivo concreto. Lo que no se puede hacer es que hayan terminado en manos de un fondo de inversión que lo que busca es maximizar sus beneficios sin importarle quién vive ahí", aseveró.
Martínez de Eguilaz detalló que cuando fueron adjudicatarios de las viviendas, el alquiler estaba fijado en una media de 700 euros mensuales, para un piso de 55 metros, pero que con el nuevo contrato, el precio superaba los 1.000 euros.
