MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo aseguró hoy que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sobre el 'caso Funeraria' pone fin a dieciséis años de auténtico calvario" después de que la Sección Cuarta le haya absuelto de los delitos por los que se le acusaba, informó hoy la empresa en un comunicado.
Rodrigo se lamentó de que lo que no contempla el fallo es "todo el daño moral que ha provocado este proceso en las personas que han sido imputadas". Entre los acusados figuraban los ex concejales populares Luis María Huete, Simon Viñals y Antonio Moreno. Mientras que el primero ha sido condenado a dos años de inhabilitación por prevaricación, los otros dos ex ediles han sido exonerados por la Sala.
Para el ex presidente de Funespaña, "resulta penoso que una querella con claros visos políticos en un escenario electoral de hace muchos años haya mantenido en un descrédito personal y profesional absolutamente inmerecido a empresas, instituciones y ciudadanos, con sombras de duda e insidias inaceptables". "Eso, sin hablar de cómo afecta todo este proceso al entorno familiar. Ha sido un auténtico calvario", añadió.
En el comunicado, la empresa señala que el fallo se enmarca en la misma línea de la dictada por el Tribunal Supremo hace dos años. El Alto Tribunal determino, según Funespaña, que el concurso convocado e por el Ayuntamiento de Madrid para la inclusión de capital ajeno a la Corporación en el de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM) había sido correcto.
Según la empresa, la sentencia ratifica "la idea que José Ignacio Rodrigo ha venido defendiendo desde el principio: en la venta del 49 por ciento de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, adquirida por Funespaña, no ha habido delito y tampoco irregularidad administrativa".
Sin embargo, la sentencia subraya que Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia consiguieron mediante su influencia en el Ayuntamiento de Madrid adjudicarse el 49 por ciento del capital de la funeraria municipal y su "gestión por el precio de 100 pesetas, asegurándose además, el cobro del 20 por ciento de los beneficios antes de impuestos que aquella generara". La sentencia concluye que Funespaña debió pagar 1.236 millones de pesetas "si se hubieran hecho los controles necesarios.
Pese a esta conducta delictiva, la Sala no pena el delito de prevaricación imputable a los tres por haber transcurrido en exceso el plazo de cinco años desde la comisión hasta la formulación de la querella en septiembre de 1999. El Ministerio Público sostenía que Rodrigo aconsejó en el Consistorio sobre la operación de privatizar la funeraria y se valió de sus conocimientos "para asegurarse una importante participación lucrativa de la operación".
