MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las familias de madrileños con discapacidad intelectual tienen que asumir un sobreesfuerzo económico de entre 14.000 y los 39.000 euros al año, según un estudio realizado por el movimiento asociativo de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), que quiere poner de manifiesto la "especial relevancia" de estos datos en la actual situación de crisis económica.
Así, para un grado de discapacidad 'ligero', las familias gastan 14.190 euros anuales (1.182 al mes); para un grado 'moderado', 15.865 euros al año (1.322 euros al mes); para un grado 'severo en residencia', 14.906 euros al año (1.242 mensuales); para uno 'severo en hogar', 39.357 al año (3.279 euros al mes).
El estudio pone de manifiesto que si bien en la Comunidad de Madrid el índice de sobreesfuerzo supera la media nacional, al igual que el coste de oportunidad mientras que en las medidas compensatorias son inferiores, "la existencia de una red de recursos y servicios a la persona con discapacidad intelectual completamente gratuita se traduce además de en una mayor provisión de ayudas en servicios a las personas con discapacidad intelectual en una reducción significativa del índice de sobreesfuerzo sobre los datos aportados en el informe".
En este sentido, el informe señala que la provisión de servicios a la persona con discapacidad en la región es "especialmente significativa" en el caso de los servicios residenciales, "de los que se beneficia la persona los 365 días del año y de forma completamente gratuita, por lo que la familia sólo asume los gastos derivados de farmacologías, vestido y otros".
El trabajo presentado hoy, que tiene como objetivo evaluar el coste que esta discapacidad ocasiona en los hogares españoles, valora no sólo los gastos materiales, sino también tiene en cuenta las horas de dedicación, los gastos añadidos en salud, los desplazamientos y las pérdidas de oportunidades laborales que conlleva cuidar de un familiar con estas características.
Por eso, el responsable del estudio, Ricard Valls, explicó que 'índice de sobreesfuerzo económico' "mide lo que las familias y el movimiento asociativo está aportando demás a la financiación administrativa", apara añadir que "si no fuera por la ayuda de las organizaciones, el coste sería absolutamente desorbitado para las familias".
Si para complementar el "esfuerzo financiador" de la administración, una familia con discapacidad intelectual tuviese que contratar a alguien para que se ocupase de este familiar y para que asumiese los desembolsos directos que acarrea la discapacidad, esta entidad calcula que debería abonarle de media 2,5 veces el salario mínimo interprofesional al mes (625 euros), es decir, 1.800 euros.
DATOS NACIONALES
Según el estudio, el índice de sobreesfuerzo medio en España se sitúa en 19.271 euros anuales, que por grados de discapacidad intelectual varía entre los 993 euros al mes y los 2.958. Además, entre comunidades autónomas este indicador oscila entre los 21.896 euros al año y los 13.448 euros.
Así, para un grado de discapacidad 'ligero', las familias gastan 11.920 euros anuales (993 al mes); para un grado 'moderado', 12.493 euros al año (1.041 euros al mes); para un grado 'severo en residencia', 17.161 euros al año (1.430 mensuales); para uno 'severo en hogar', 35.507 al año (2.958 euros al mes).
Según el movimiento asociativo, si se tiene en cuenta que en España viven en torno a 227.000 personas con discapacidad intelectual esto significa que el conjunto de las familias están aportando un valor económico medio año estimado en 4.374 millones de euros, lo cual supone en torno al 0,4 por ciento del PIB.
"Es un tema absolutamente doloroso, pero entendible", valoró el presidente de FEAPS, Pedro Serrano, quien aseguró que este estudio "riguroso" supone la "tarjeta de presentación" de este colectivo ante el Gobierno y ante el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
DIFERENCIAS "INJUSTIFICADAS" ENTRE CC.AA
Una de las principales conclusiones del informe es que las prestaciones de las comunidades autónomas no son homogéneas y, según Valls "en muchos casos, las diferencias son injustificadas". Estas diferencias de importe entre las medias de las prestaciones y las inferiores según el grado de discapacidad, van de los 2.700 euros al año a los 5.800.
Asimismo y en base al informe, FEAPS denuncia que la tasa de actividad y de paro de las personas con discapacidad intelectual triplica la media estatal para el conjunto de los ciudadanos, incidiendo en los costes de oportunidad de este colectivo. "Supone una limitación más que dificulta llevar una vida independiente autónoma mediante servicios específicos con apoyo o pisos tutelados", aseveraron.
