MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma de Afectados de Malos Tratos del Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Santiago Ramón y Cajal de Getafe han pedido una reunión con el director de Área Territorial (DAT) Madrid Sur, Manuel Bautista Monjón, para que dé explicaciones sobre las actuaciones que se han llevado a cabo en el centro tras el caso de presuntos malos tratos contra un menor con autismo de 8 años.
La solicitud de la reunión se realizó el pasado 11 de junio de 2018, pero la Plataforma asegura, en un escrito que han lanzado en las redes sociales, que aún no han recibido contestación.
El servicio de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid concluyó que no se había producido trato "degradante" ni "acoso" al menor con autismo de 8 años que estudió en el colegio, y cuya familia denunció trato vejatorio por parte de tres trabajadores del centro.
Esta es la principal conclusión de la información reservada que se abrió el pasado 18 de abril en relación por la denuncia de "hostigamiento y acoso" a este menor y después de que salieran a la luz unas grabaciones de audio que captaban las conversaciones de los trabajadores con el alumno.
Tras la denuncia de estos hechos, nació esta plataforma, constituida inicialmente por la asociación AFANYA TGD y la asociación TANV, formadas por más de 100 familias que tienen a su cuidado a personas con necesidades especiales y que se han asociado para promover su protección física y psicológica en los centros educativos.
En sus estatutos se contempla, entre otros ayudar a las familias que se vean afectadas por actuaciones irregulares o vejatorias de los centros educativos, concretamente de su personal y de su equipo directivo, y dotarles de apoyo y asesoramiento.
Asimismo, se proponen "exigir formación y preparación adecuada de los profesionales que atienden" a menores con necesidades especiales, así como "implicar a las instituciones públicas para que casos como los que han salido en los medios de comunicación social, que afectan al centro escolar, alguno de ellos bajo investigación judicial, jamás se vuelvan a producir, den respuesta oportuna y se creen protocolos específicos para que sean tratados debidamente".
También buscan "prestar apoyo a las familias afectadas", el derecho de las familias de exigir que se cumpla en Convenio de Derechos Humanos de la ONU, asesorar a las familias afectadas por maltratos a sus hijos con discapacidad, prestar apoyo legal y psicológico a los afectados y sus familias y desarrollar una labor institucional en defensa de los fines asociativos.
