MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Madrid ha solicitado a la Audiencia de Madrid que dicte una orden de busca y captura y ordene el ingreso en prisión del
magnate millonario libanés Abdum Rahman El Assir El Kassab tras no presentarse esta mañana al juicio que estaba previsto por presuntamente defraudar a Hacienda más de 14 millones de euros.
El pasado diciembre, se suspendió la vista oral ante la intención de las partes de alcanzar un acuerdo de conformidad y económico para evitar que el El Assir se siente en el banquillo de los acusados. Tras señalarse de nuevo, el magnate no se presentó. En esta ocasión, tampoco lo ha hecho, alegando broquiolitis.
La Sala se encuentra ahora deliberando sobre si procede o no dictar una orden de busca y captura, dado que el libanés podría residir ahora en Suiza.
Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, sin antecedentes penales, "omitió conscientemente" la presentación de las declaraciones tributarias relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios 2002 y 2003 pese a tener residencia habitual durante dichos años en España desde 1999 "y mantener intereses en el territorio español".
"Examinada la documentación aportada por tercero y los datos y antecedentes obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, resulta que el obligado tributario dejó, consciente y voluntariamente, de ingresar en la Hacienda Pública por IRPF del ejercicio de 2002 un total de 12,03 millones y por el de 2003 un total de 2,74 millones.
Concretamente, concluyen que El Assir ingresó en 2002 un total de 25,1 millones de euros y 6,13 al año siguiente. Así, las respectivas cuotas líquidas a declarar ambos años hacen un montante de 14,78 millones de euros.
SU PATRIMONIO
Según el fiscal, El Assir es propietario en España, a través de sociedades instrumentales, de varios inmuebles de lujo, de un punto de atraque de un barco de grandes dimensiones y de varios coches de alta gama utilizados para uso y disfrute de la familia del acusado.
Para la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de dichos bienes ha recibido fondos del extranjero procedentes del BBVA Privanza Bank Jersey y del Banco Portugués de Negocios. Dichos inmuebles han constituido garantía hipotecaria de préstamos obtenidos del Banco Árabe Español y del Banco Zaragozano "de gran cuantía económica destinados a cubrir las necesidades financieras del acusado".
El fiscal asegura que los fondos y rentas canalizados a través de las sociedades son de titularidad efectiva del acusado, "quien posee una gran capacidad económica situada en España y en el exterior y que le permite hacer frente a los pagos derivados de los préstamos solicitados y cancelar los mismos".
Su capacidad económica está constituida por el patrimonio inmobiliario, cuya propiedad efectiva ostenta el acusado a través de las sociedades no residentes La Granjilla Corporation S.A y Miraflores Dieciocho S.A y la sociedad residente Gransoto S.L por los fondos y rentas canalizados a través de las cuentas bancarias de su titularidad y de las citadas sociedades.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que los hechos relatados constituyen "dos delitos contra la Hacienda Pública, con cuatro años de cárcel cada una, con una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante este tiempo y multa de 73,92 millones de euros, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas o incentivos fiscales durante cinco años".
Además de ello, en caso de ser condenado tendría que pagar las costas del proceso y una indemnización a Hacienda del importe de 14,78 millones no ingresados en los ejercicios 2002 y 2003 más los intereses de demora. Es decir, en total debería pagar una cantidad cercana a los 90 millones de euros.
