MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento de la causa que se sigue contra el alcalde de Navalcarnero, Baltasar Santos (PP), por presuntas irregularidades en diversos pagos por decreto realizados desde finales de 2011 a principios de 2014.
El procedimiento se inició a raíz de una querella del PSOE en el que se denunciaba los supuestos pagos ilegales por decreto. La denuncia se dirigía contra el alcalde, la exinterventora Teresa de Jesús Hermida y la delegada de Hacienda, María Jesús Neira.
En el escrito del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se señala que resulta procedente proceder al sobresemiento provisional de la causa en relación a los tres imputados.
Las irregularidades de los pagos, según los socialistas, alcanzaron los 2,1 millones de subvención que recibió el municipio del Estado con cargo al Plan E, una cantidad que se iban a destinar a la remodelación del mercado municipal. Según la denuncia, el Estado ingresó 1.783.535 millones y el Ayuntamiento pagó 578.441 euros.
En el escrito se señala que las certificaciones de la remodelación del mercado se pagaron con cargo al Plan de Pagos a proveedores aprobado por el Gobierno en el año 2012. "La interventora considera que esta conducta fue legal, ya que dicho Real Decreto obligaba a los ayuntamientos a incluir todas las facturas pendientes y estas lo estaban", señala.
"Tal conducta no supuso recibir dos subvenciones por un mismo concepto, dado que el Plan de 2012 era un préstamo a los ayuntamientos y no una subvención", añade. Por ello, destaca el fiscal que entiende que en efecto "existió en esta conducta una irregularidad pero que de nuevo la misma no rebasa la esfera de lo administrativo, toda vez que no se detrayeron causales públicos".
Y agrega que las facturas pendientes se pagaron con el dinero del Plan E y las certificaciones del mercado con el Plan de Pagos a Proveedores del 2012.
"Hubo alteración por tanto del destino de los caudales sin que resultase un lucro injusto para ninguno de los imputados ni para terceros. De haberse respetado la legalidad estrictamente se habría debido pagar la facturas en 2012 y las certificaciones de remodelación del mercado exclusivamente con cargo a la subvención recibida por este concepto", dice.
"Y si bien ello hubiese sido lo deseable, para garantizar el funcionamiento intachable del Ayuntamiento, el no haberlo hecho no puede considerarse ilícito desde el punto de vista penal al no concurrir los requisitos de ninguno de los tipos objeto de la investigación", añade.
Por todo ello, el fiscal recalca que en el momento actual "no existen indicios suficientes que permitan la continuación de la causa en contra de los imputados, y, en particular del alcalde, a quien debería circunscribirse, con los datos que obran en las actuaciones, la responsabilidad por las decisiones analizadas.
Y subraya que las conductas de los imputados son "claras e incluso se reconocen por los imputados, siendo una labor de interpretación jurídica la de determinar si las mismas constituyen o no infracción penal".
