MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Provincial de Madrid reclama un año de prisión para un activista acusado de agredir a un subinspector de la Policía Nacional mientras intentaba parar el desahucio en Vallecas de una mujer y sus dos niños en enero de 2016, conocido por ser el primero ejecutado con intervención de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) durante la etapa como alcaldesa de Manuela Carmena.
Este hombre, que será juzgado el próximo 22 de febrero en el Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid, está acusado de un delito de atentado y otro leve de lesiones por presuntamente haber pisado "con fuerza" la mano derecha de este agente y hacerle caer al suelo. Por ello, se enfrenta, además de a un año de prisión, a una indemnización de 2.300 euros para el policía, así como una multa de 12 euros diarios durante dos meses (unos 700 euros).
En el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que, sobre las 9.30 horas del 14 de enero de 2016, este hombre se encontraba junto con unas cincuenta personas más en el portal del número 12 de la calle Congosto, situada en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, para intentar impedir el desalojo de una mujer joven en paro con dos hijos menores, uno de ellos bebé.
Hasta allí, para proceder a la ejecución del desahucio, acudieron varias dotaciones de la Policía Nacional, así como esas cincuenta personas de la PAH que "intentaron obstaculizar la actuación policial".
En un momento determinado, siempre de acuerdo con la Fiscalía, cuando el subinspector se encontraba ayudando a una persona de avanzada edad a levantarse del suelo, el acusado, "con ánimo de menoscabar su principio de autoridad", le pisó la mano derecha "con fuerza", provocando que el funcionario cayera al suelo.
Como consecuencia de este supuesto pisotón, el policía nacional sufrió diversas contusiones en la parte derecha de su cuerpo, concretamente en la rodilla, en el cuarto dedo de la mano y en el hombro, así como un esguince leve de tobillo.
ACTIVISTA: "ME ACUSAN PARA TAPAR LAS AGRESIONES DE AQUEL DÍA"
Por su parte, el activista ha señalado en declaraciones a Europa Press que "obviamente todo es mentira", pero que han utilizado esta acusación para "tapar de alguna manera que ese día, además de echar a una familia a la calle, hirieron a una persona mayor y a una mujer embarazada al efectuar el desahucio".
"Si hago lo que dicen me detienen al momento, no unos días después cuando me llamaron de comisaría para que me presentase bajo la amenaza de ir a buscarme a casa o al trabajo", ha continuado narrando este hombre, quien asegura que no se plantea "pagarle ni un solo céntimo al policía que reclama la indemnización".
"Soy un militante de izquierdas de barrio y me siento orgulloso de serlo. Como tal, asumo la represión que el Estado nos impone, aún sabiendo lo que una posible condena puede conllevar en mi vida personal y en mi futuro laboral. Pueden quitar la libertad y el dinero, pero no la dignidad y los principios", ha concluido este activista criticando el despliegue policial "excesivo" de aquel día pese a la "resistencia pasiva" de los miembros de la PAH.
RITA MAESTRE: "VIOLENCIA INACEPTABLE"
La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, rechazó en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de ese mismo día la "violencia inaceptable" vista en las imágenes de este desahucio, al tiempo que criticó el número "desproporcionado" de policías nacionales, a los que acusó de "cargar contra las personas que apoyaban a la familia".
Además, Maestre, un día después, aseguró que el Consistorio puso dos viviendas, una en el propio distrito, a disposición de la mujer desahuciada al carecer ésta de alternativa habitacional.
