6 de diciembre de 2019
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  • 20 de diciembre de 2010

    La Fiscalía remitirá esta semana a los Juzgados la denuncia para judicializar la investigación

    Las pesquisas se centran en conocer de quién partió la idea de sublevarse

    La Fiscalía remitirá esta semana a los Juzgados la denuncia para judicializar la investigación
    EP

    MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

    La Fiscalía de Madrid remitirá esta semana a los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla la denuncia contra 175 controladores aéreos por un delito de sedición por los hechos ocurridos el 3 y 4 de diciembre con la finalidad de que un juez les cite a declarar en el marco de unas diligencias penales judicializadas.

    Así lo ha confirmado a Europa Press el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, quien ha indicado que las diligencias van encaminadas a conocer de quién partió la idea de sublevarse y cómo se coordinaron en las horas previas a la sublevación.

    La denuncia de la Fiscalía podría remitirse al Decanato o al Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. Sobre éste último órgano judicial ha recaído la querella interpuesta por el sindicato de funcionarios Manos Limpias por sedición y un delito de abandono de trabajo de un servicio público, según han confirmado a Europa Press fuentes del sindicato.

    Esteban ha señalado que la Fiscalía de Madrid no tiene constancia de la querella de Manos Limpias, si bien ha apuntado que si es así en los próximos días el juez le podría dar traslado de la misma para que remita las diligencias.

    En cualquier caso, ha subrayado que esta semana el caso se remitirá a los juzgados ordinarios. Hasta ahora, los controladores se han negado a declarar hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo.

    Los controladores que han sido hasta ahora llamados a declarar se han negado a prestar declaración ante el fiscal al no reconocer su competencia, puesto que entienden que se les debe interrogar bajo la jurisdicción militar desde el momento que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma.

    Las investigaciones están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar.