Critican que sólo haya 110 inspectores regionales para controlar a más de 300.000 empresas desplegadas en la región
MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, y los sindicatos CC.OO. y UGT exigieron hoy a la CEIM que se sitúe a la cabeza de la lucha contra la siniestralidad laboral en la región, acusando a la patronal madrileña de ser "cómplice" por omisión de los delitos y faltas que se cometen en las empresas que incumplen la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El encuentro entre Moix y los secretarios generales de CC.OO de Madrid y UGT, respectivamente, Javier López y José Ricardo Martínez, se produjo para formalizar la Comisión de Seguimiento del convenio suscrito el pasado año entre las Fiscalías de Madrid y los sindicatos para combatir este fenómeno delictivo, que se ha cobrado 68 vidas en lo que va de año.
Tras la reunión, los firmantes coincidieron en la necesidad de que la patronal y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre se sumen a esta cooperación para erradicar los delitos contra la salud de los trabajadores, sobre todo en el sector de la construcción. "En la lucha contra la siniestralidad laboral, es necesario la intervención de todos: de empresarios, de la Comunidad de Madrid y de la Administración central", aseveró el fiscal superior, quien elogió la labor de la Policía Judicial de Madrid.
Sobre la actividad fiscal, Moix destacó que en el primer semestre de 2008 se incrementó el trabajo del Ministerio Público, pese a la reducción de infracciones en este campo con motivo de la crisis económica. Así, la Fiscalía de Madrid formuló 42 escritos de acusación e interpuso trece denuncias ante los tribunales, cinco de ellas por delitos de riesgo laboral.
El fiscal superior recordó que el derecho a la vida y a la integridad física son derechos fundamentales, así como que el derecho a la salud y al trabajo bienes protegido por la Constitución. "Vamos a velar por la tutela de esos derechos y bienes. Que sepa el ciudadano trabajador que no va a estar sólo", recalcó y se comprometió a que se pondrán "los medios necesarios para erradicar las infracciones delictivas que se producen en este ámbito".
CRÍTICAS A LA COMUNIDAD
Por su parte, Javier López cargó contra el Ejecutivo regional por permanecer "al margen" de los procesos penales que se abren para perseguir a las empresas en el ámbito penal al no personarse como parte en los procedimientos judiciales. Además, insistió en que la Comunidad debe ser "impulsora" de los procesos de cooperación entre administraciones para luchar contra este fenómeno.
Respecto a la patronal, López recalcó que "la CEIM no puede actuar de rémora" en los procesos de colaboración. "Una de las causas por las que la Comunidad de Madrid no se incorpora es porque la CEIM se opone a firmar acuerdos para perseguir los delitos contra la salud de los trabajadores", aseveró.
"Es de presuponer que todo empresario es delincuente", apostilló. Acto seguido, señaló que la patronal debe "separar a los empresarios de los delincuentes", puesto que es "la primera interesada en apartar esa actividad ilegal de la actividad empresaria". "La CEIM tiene que dejar de actuar como bloqueo permanente de cualquier cooperación en este tipo de actuaciones", reseñó.
De igual modo, José Ricardo Martínez lamentó que "no todas las Administraciones" se impliquen en la lucha contra la siniestralidad laboral, calificando de "extravagancia democrática" la posición del Gobierno regional en este sentido.
Martínez reprochó que la Comunidad se escude en las resoluciones judiciales para oponerse a la publicación de las listas de las empresas que incumplen la normativa. "Tiene la obligación moral y política de acceder", subrayó.
En cuanto a los empresarios, mostró su confianza "en una parte" del sector, pero insistió en que las inspecciones demuestran que "la inmensa mayoría" de los empresarios son conscientes de que se incumplen las leyes".
"La respuesta de la patronal es buscar recovecos legales para encontrar una ubicación de estos delitos en otros ámbitos alejados del derecho. Esto es una desconsideración en el ámbito del derecho social", recalcó, en alusión de que se salden estas infracciones en el plano administrativo y no en el penal.
Por último, López y Martínez denunciaron que en la Comunidad de Madrid no hay inspectores suficientes para controlar al tejido empresarial. En concreto, hay un total de 110 inspectores regional para vigilar a 300.000 empresas desplegadas por toda la región.
Se ocupan desde vigilar que los trabajadores estén dados de alta en la Seguridad Social, en las condiciones de los contratos, en la presencia ilegal de inmigrantes... "Hacen más de lo que pueden", concluyó López.
