MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociación de Vecinos de Madrid (FRAVM) ha abogado este lunes por un "acuerdo" entre la entidad pública de gestión del suelo, SEPES, dependiente del Ministerio de Fomento, y los cooperativistas de Vitra, cooperativa de CCOO, del cuartel de ingenieros de Villaverde, para una "pronta solición" al bloqueo de sus 172 viviendas de Protección Pública Básica (VPPB).
Así se lo ha trasladado el responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAVM, Vicente Pérez, al Consejo Rector de Vitra y miembros de la comisión de la asamblea de socios de la promoción de Vitra-Villaverde.
"Más allá de las particularidades y detalles, es nuestro deseo que se dé solución para que 172 familias puedan iniciar cuanto antes la promoción de sus viviendas de VPPB", ha manifestado Pérez, quien se ha comprometido a "apoyar y respaldar", a los cooperativistas.
La FRAVM ha mostrado su comprensión por la inquietud de los cooperativistas ante el transcurso del tiempo, ya que a la necesidad de disponer cuanto antes de sus viviendas se suma la coyuntura de incrementos en los precios de construcción, por lo que cuanto antes se llegue a un acuerdo será mejor, tratándose de una promoción de vivienda protegida.
Por su parte el presidente de Vitra Madrid, Francisco Naranjo, ha agradecido a la FRAVM "su disposición en apoyar una situación que a juicio de la cooperativa y de los cooperativistas afectados necesita la más pronta solución, pues los plazos corren y no se puede estar en una constante incertidumbre".
En 2011 SEPES vendió mediante concurso público a Vitra una parcela en el antiguo cuartel de ingenieros de Villaverde para construir 172 VPPB. La parcela se escrituró a favor de la cooperativa, que pagó el 5 por ciento del precio, mientras el resto debía abonarse en dos plazos antes de finalizar 2013, pero la caída de Bankia, entidad con la que tenían convenido el préstamo hipotecario, conllevó que se quedaran sin financiación y no pudieran llevar a cabo los pagos previstos.
A mediados de 2017 la cooperativa consiguió la financiación por parte de CaixaBank, junto a los desembolsos de decenas de miles de euros de las 172 familias, y comunicó a SEPES su disposición de pagar la totalidad, que asciende a más de 6,5 millones de euros, y su acuerdo con Ferrovial Agroman para construir las viviendas.
Sin embargo, SEPES respondió con una demanda judical por incumplimiento de plazos, mientras los cooperativistas han instado a la empresa pública a que les diga si está dispuesta a cobrar el dinero o no.
