MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado este martes que su opinión sobre el 'escrache' contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, está "cerca" de la postura de la Fiscalía, según la cual esta conducta es "contraria a nuestro ordenamiento jurídico". En todo caso, desde la "diferencia y la discrepancia", ha expuesto la "obligación" de acatar las resoluciones judiciales.
Al ser preguntado si comparte que el 'escrache' sea un mecanismo de "participación democrática" como sostiene la Audiencia Provincial de Madrid, Gallardón ha destacado que "en un Estado de Derecho todos los poderes públicos tienen que respetar las resoluciones judiciales, incluso aunque discrepen de ellas".
"En este caso nosotros desde el Gobierno naturalmente acatamos como no podía ser de otra forma esta resolución judicial", ha afirmado Gallardón, antes de precisar que su criterio está "cerca" de la postura que mantuvo el Ministerio Público, que recurrió la decisión de archivar la denuncia sobre el citado 'escrache'.
En este caso, ha recordado el ministro, la pretensión del fiscal era "hacer justicia sobre unas conductas que consideraba contrarias a nuestro ordenamiento jurídico", una alegación que "no ha sido atendida por los tribunales".
"Por lo tanto, aun desde la diferencia y la discrepancia, nuestra obligación es acatar la resolución", ha concluido Gallardón al ser cuestionado sobre este asunto tras inaugurar un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, en el que ha participado el embajador de Colombia en España, Fernando Carrillo.
RECURSO DE LA FISCALÍA
La Audiencia de Madrid desestimó este martes el recurso presentado por la Fiscalía contra la decisión adoptada por el juez de Madrid Marcelino Sexmero al archivar la denuncia interpuesta por familiares de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por el "escrache" realizado el pasado 5 de abril frente a su domicilio por miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La Sección Decimosexta de la Audiencia de Madrid alegó que en este caso no concurrieron al domicilio de la vicepresidenta personas con armas, explosivos ni objetos contundentes, y que tampoco se ha acreditado que la protesta se convocara para cometer delito de coacción o atentado.
Los jueces consideran que la citada concentración debe entenderse como un mecanismo ordinario de participación democrática de la sociedad civil y expresión del pluralismo de los ciudadanos.
