MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha anunciado este viernes que está dispuesto a renunciar a la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior, conocida como Lemes, y ha ofrecido como alternativa consensuar un plan de financiación estable para las universidades hasta 2023, crear sellos de calidad así como la posibilidad de sacar adelante una norma que establezca orientaciones en materia de titulaciones.
Así lo ha avanzado el dirigente autonómico, en la Real Casa de Correos, tras un encuentro con la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) que está integrada por los rectores de Alcalá de Henares, Autónoma, Carlos III, Complutense, Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid.
En una rueda de prensa, en la que ha salido únicamente el presidente de la Comunidad acompañado del consejero de Educación, Rafael Van Grieken, Garrido ha indicado que la Lemes es una iniciativa que requiere "consenso", al no contar el Ejecutivo con mayoría, y que su tramitación por ello sería "larga".
Esta normativa estuvo apunto de comenzar su tramitación en la Asamblea, pero el voto en blanco de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifentes hizo prosperar la enmienda de totalidad al texto propuesta por Podemos. Esto hacía decaer el texto del Ejecutivo y prosperar el de la formación 'morada'. Ante esto, el Gobierno retiró la ley, volvió a presentarla y ésta se encontraba ahora a la espera de ir a Pleno.
"Este proyecto ha sido fruto de un trabajo de todos y de los que se han recabado informes de los propios rectores todavía requiere una parte final compleja", ha puesto de manifiesto. Por ello, ha propuesto "un plan de contingencia" alternativo en el caso de que finalmente no pueda salir aprobada por falta de acuerdo y por, tal y como ha indicado el presidente, la cercanía de año electoral. Para saber cuál será el futuro de la normativa, se reunirá con los grupos parlamentarios la próxima semana.
Como medidas sustitutivas, Garrido ha ofrecido un plan de financiación, que garantice un "marco estable, claro, y que permita una planificación rigurosa por parte de los rectores en base a los recursos que van a disponer". Así, ha propuesto a los mandatarios sentarse para organizar un grupo de trabajo, que empezará a formalizarse pronto, para tener este plan listo a partir del 2019 con horizonte 2023. Tendría "un incremento del 18 y el 20 por ciento al finalizar el período quinquenal".
Además, ha apostado por crear sellos de calidad "encaminados a retraer y atraer el talento y garantizar un alto nivel en la calidad docentes" así como unidades de integridad y transparencia conjunta y por encima de todas las universidades.
Garrido ha propuesto, también, una norma dirigida a "establecer una serie de orientaciones en materia de titulaciones y que serviría como criterio para otorgar la autorización autonómica de las mismas". Sería crear como un Observatorio "que permitiera con la participación de la sociedad civil, también con empresarios, determinar qué especialidades pueden ser más necesarias en los años sucesivos", ha esbozado.
Tendrían un carácter plurianual y una duración mínima de cuatro años. Hasta la publicación de las mismas, la implantación se atendería mediante una serie de criterios, como la empleabilidad y el nivel de formación requerido en el sector profesional o los resultados que arrojan las evaluaciones de las titulaciones ya ofertadas, entre otros. Asimismo, también se creará un mapa conjunto de las titulaciones universitarias ofrecidas en la región.
El presidente madrileño también ha explicado a los rectores el planteamiento del Gobierno regional respecto a los contratos programa de investigación, que se firmarán por cuatro años con cada universidad, y se renovará de manera anual.
Pese a la crisis sufrida por las universidades madrileñas tras estallar la polémica del máster de Cifuentes en la URJC, durante la reunión, no se ha abordado la cuestión. Tampoco Garrido se ha querido pronunciar acerca de las decisiones que corresponden al rector de esta Universidad. "Respetamos al cien por cien la autonomía universitaria, es un principio fundamental. No voy a entrar a juzgarlas ni valorarlas", ha dicho.
