MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Delegación del Gobierno en Madrid ha aprobado el comienzo del proceso de expropiación de las fincas afectadas por la construcción de la central térmica de ciclo combinado de 1.200 megavatios de Morata de Tajuña.
La empresa Morata Energía SL, promovida por la belga Electrabel, será la encargada de construir la planta, declarada por el Ejecutivo central de utilidad pública para sortear la oposición de la Comunidad de Madrid y de los ecologistas. De hecho, la puesta en marcha de esta central lleva acumulado un considerable retraso, pues estaba prevista para junio de 2006.
Con el objetivo de iniciar las obras, y en virtud del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, la Administración ha convocado a los titulares de bienes y derechos afectados el día 12 de marzo en el Ayuntamiento de Morata, como punto de reunión para llevar a cabo el levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, el de las de ocupación definitiva. La semana pasada el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una Proposición No de Ley (PNL), con 107 votos a favor de todos los grupos políticos del arco parlamentario, para declarar la caducidad de la Resolución por la que se autoriza la instalación de la central térmica.
La Resolución pide a la Dirección General de Política Energética y Minas que no otorgue la aprobación del Proyecto de Ejecución de la instalación, hasta que no disponga de la Autorización Ambiental Integrada, puesto que la empresa Morata Energía SL "no ha presentado a fecha de hoy solicitud de autorización ambiental integrada ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Madrid".
"La empresa autorizada ha incumplido gravemente las obligaciones impuestas en la Resolución de Autorización respecto del plazo para la presentación del Proyecto de Ejecución y la propia solicitud de autorización ambiental integrada", expone el escrito, que añade que en el supuesto de haber presentado el Proyecto de Ejecución, éste "no hubiera podido ser aprobado al no haber solicitado siquiera la iniciación del procedimiento administrativo de autorización ambiental integrada ante la Comunidad de Madrid".
El Tribunal Supremo denegó en diciembre pasado en un auto a la Comunidad de Madrid su petición de suspender, como medida cautelar, la declaración de utilidad pública que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de junio, sobre la que también existe un recurso contencioso-administrativo del Ejecutivo regional.
La Comunidad de Madrid teme "las graves consecuencias" que la instalación térmica supondría para el medio ambiente y la salud de los habitantes de Morata, "al emitir grandes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera". Además, recuerda que, aunque existe una declaración de impacto ambiental favorable, ésta impone condiciones muy rigurosas a la central por el entorno ecológico.
También los ecologistas, que han presentado diversos recursos judiciales, se oponen radicalmente a la construcción de esta central, que, según ellos, emitirá en una hora 434 toneladas de CO2, principal responsable del calentamiento terrestre, 373 kilogramos de óxidos de nitrógeno que contribuyen a las lluvias ácidas y son precursores del ozono troposférico, y tendrá graves efectos sobre la salud y la vegetación, además de emitir gran cantidad de partículas conteniendo metales pesados. "Una hora de su funcionamiento contamina tanto como 300.000 automóviles en un día", agregan.
"Esta contaminación se sumaría a las que ya provocan el tráfico madrileño, la incineradora de residuos sólidos de Valdemingómez y la cementera de Morata, una de las mayores de Europa, lo que supondría condenar el sureste madrileño a una degradación insoportable de la salud de sus habitantes, del medio natural, incluido el Parque Regional del Sureste, y dificultarle su progreso económico", aseguran los ecologistas.
La construcción de la central térmica pretende realizarse en una zona que cuenta ya con la presencia de una importante industria cementera.
