MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Administración Central del Estado ingresaría 8.412 millones de euros en caso de que vendiera todos los edificios de oficinas con que cuenta en Madrid para pasar a ocuparlos en régimen de alquiler, según un estudio de la consultora inmobiliaria Aguirre Newman.
Esta operación de 'sale & leaseback' afectaría a los 147 edificios (2,27 millones de metros cuadrados) que el Gobierno central ocupa en la capital, que sumados a los casi 300.000 metros que tiene en alquiler, representan el 2,3% del parque total de oficinas de la capital.
El informe de Aguirre Newman señala que otros países europeos, como Italia, Francia y Gran Bretaña, han realizado iniciativas similares. En España, un gran número de empresas privadas también han acudido al 'sale & leaseback' en los últimos años como fórmula para optimizar la gestión de sus activos inmobiliarios.
La consultora inmobiliaria apunta otras operaciones similares con las que la Administración Central también puede optimizar su parque de oficinas, como es el 'leasehold', contrato por el que la Administración cede durante un periodo de tiempo (cincuenta años) el derecho de uso del inmueble a un inversor que está obligado a arrendarlo al Estado.
Otra posibilidad pasa por la aportación de los activos inmobiliarios a una sociedad de inversión inmobiliaria (Somici), susceptible de cotizar en Bolsa.
El análisis sobre el patrimonio inmobiliario de la Administración Central del Estado elaborado por Aguirre Newman concluye que "existe una situación de ineficiencia" en el uso de los edificios que lo integran en Madrid.
LE SOBRA UN 34% DE ESPACIO.
De hecho, la consultora calcula que el Gobierno podría prescindir del 34% de la actual superficie de oficinas que ocupa en la capital, esto es, unos 776.000 metros cuadrados.
La firma indica que la Administración podría obtener un ingreso anual 184 millones de euros en caso de alquilar esta superficie sobrante, o una inyección de 2.843 millones si optara por venderlos. En ambos casos, sería precisa una inversión previa de 853 millones de euros en rehabilitación.
Aguirre Newman realiza su análisis a partir del dato de que la Administración cuenta con una media de entre 24 y 35 metros cuadrados de oficinas por empleado, frente al ratio de 15 metros cuadrados de las empresas privadas, y al de 20 metros que se estima como óptimo para el sector público, teniendo en cuenta la necesidad de contar con zonas de atención al público en algunas instalaciones.
La firma considera que su estudio sobre los inmuebles de la capital constituye un "botón de muestra" de lo que la Administración podría hacer a mayor escala con sus activos inmobiliarios. "Llama la atención" que "en el actual contexto económico de contención del gasto, la Administración no cuente con una estrategia sobre su patrimonio inmobiliario e incluso no sea consciente del patrimonio que posee", subraya la consultora.
Aguirre Newman apunta que la "reestructuración y optimización" de estos activos aportaría al Estado ingresos para reducir la deuda pública o para financiar proyectos de infraestructuras y servicios sociales, además de minimizar los costes de mantenimiento de sus instalaciones.
