MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Participación y Transparencia, Silvia Saavedra, ha manifestado el "compromiso máximo" del Gobierno con la Oficina del Sureste, apoyada en la anterior legislatura por unanimidad, mientras que el concejal de Más Madrid Nacho Murgui ha reclamado medidas y fechas concretas para su desarrollo.
Fue el pasado 30 de abril cuando el Pleno aprobó una declaración institucional por unanimidad en la que se comprometían con el proceso iniciado garantizando la continuidad de la Oficina del Sureste. Cinco meses después, Murgui pide que se pongan sobre la mesa medidas concretas.
Saavedra ha identificado como una de ellas la reunión mantenida en julio con la Federación Regional de Vecinos de Madrid para abordar la estrategia que afecta a las 1,4 millones de personas que viven en estos distritos del sureste y que "necesitan medidas de reequilibrio".
La edil de Cs ha contestado que están "negociando con la FRAVM y creando una mesa sectorial de empleo e innovación con las distintas áreas". Ante esto, Murgui ha replicado que la FRAVM es una parte de muchas dado que esa estructura requiere de "una participación de partidos políticos, Foros Locales, universidades, organizaciones empresariales, sociales y sindicatos".
Silvia Saavedra ha contestado que se reunirán con todas las partes cuando las áreas de gobierno analicen las 69 acciones ya apuntadas para determinar si son o no viables. "Y en la comisión permanente nos reuniremos con todos los partidos políticos porque ustedes (a Más Madrid) sólo contaban con el PSOE". "El sur también existe", ha terminado.
OFICINA DEL SURESTE
Los cuatro grupos municipales consensuaron en el último Pleno ordinario de la legislatura pasada su compromiso con la continuidad de la Oficina del Sureste para reequilibrar la vida de 1,4 millones de habitantes en Madrid.
Fue en junio de 2018 cuando la Asamblea de los Barrios del Sur hacía pública en la Caja Mágica la propuesta de poner en marcha un proceso para abordar el desequilibrio territorial que sufre históricamente la ciudad.
Como recogía la declaración institucional, la expansión de Madrid ha tenido como consecuencia la generación de una brecha entre el centro y la periferia, con una localización de actividades, funciones y asentamientos sociales que ha dado lugar a "una clara división entre el norte y el oeste de la ciudad, más cualificados, y el sur y el este, mucho más desarticulados y socialmente más vulnerables".
Esto supone "una pesada carga para quienes habitan los distritos de Latina, Carabanchel, Villaverde, Usera, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Moratalaz, San Blas-Canillejas y Vicálvaro, que se traduce en mayores índices de paro, rentas más bajas, mayor dificultad en el acceso a los bienes y servicios necesarios para el bienestar, incluso en una acusada diferencia en la esperanza de vida".
A principios de los 90, el Movimiento por la Dignidad del Sur tomaba la iniciativa, poniendo sobre la mesa las propuestas que darían lugar al Plan 18.000. Después vendrían los Planes Especiales de Inversión, los Planes de Barrio, el Fondo de Reequilibrio Territorial y los Planes Integrales de Barrio, que representan distintos momentos de la evolución de las políticas públicas para impulsar el reequilibrio de la ciudad.
"Como denominador común de estas iniciativas concretas, el Ayuntamiento de Madrid ha contado con las propuestas y la participación de los vecinos y vecinas representados por el tejido asociativo, y así deberá ser también en el futuro", apunta la declaración institucional.
La desigualdad que sufre la ciudad "tiene un carácter estructural e histórico" y "su corrección exige el compromiso del conjunto de las instituciones y de la sociedad civil que, articuladas en una estructura de trabajo común y permanente en el tiempo, diseñen conjuntamente líneas estratégicas, la aplicación de medidas concretas y una evaluación rigurosa de su impacto".
