MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió hoy aplazar hasta el próximo martes la previsible asignación al juez Santiago Torres de la plaza en comisión de servicios del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, mientras que el juez Juan Del Olmo disfruta de un permiso para realizar en el país vecino un trabajo de investigación sobre terrorismo yihadista, informaron fuentes del Consejo.
El aplazamiento se produce al no llegar a tiempo los informes sobre el resto de los candidatos que optan al puesto. Además de Torres, los magistrados Pablo Colomina Cerezo y Rafael Ruth Gutiérrez y el juez Juan José Navas pugnan por la plaza vacante.
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional propone para el puesto a Torres, que actualmente instruye el "caso Guateque" por una presunta trama de corrupción de funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid.
Aunque la designación de Torres no es oficial, el magistrado es el que cuenta con más antigüedad, un criterio determinante para que su candidatura sea la considerada más apta, tal y como consta en el informe remitido por la Audiencia Nacional.
Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le asigna la plaza, Torres pasará a ser responsable de los sumarios pendientes en este juzgado, como las piezas separadas en las que se investigan nuevos presuntos autores de la masacre del 11-M, cuya identidad ha sido revelada por pruebas de ADN, y el procesamiento de los presuntos terroristas Igor Portu y Martín Sarasola.
Aunque el magistrado deje la instrucción del 'caso Guateque', un juez sustituto del Juzgado número 32 tomará el relevo del procedimiento. Fuentes jurídicas y de la Guardia Civil divergen sobre la prolongación de la causa. Las primeras sostienen que la instrucción está al 80 por ciento a punto de cerrarse, mientras que la Policía Judicial arguye que está sólo al 10 por ciento.
Según las fuentes consultadas, la Guardia Civil continúa analizando la documentación y los discos duros intervenidos estos últimos meses, por lo que no descarta que haya más implicados. Hasta ahora, los imputados se elevan a unos cuarenta. La investigación judicial es subsidiaria a la policial, puesto que la primera legitima la práctica de diligencias de la segunda.
