MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La denunciante del viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, presentó hoy en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla un escrito en el que solicita amparo a los tribunales por "los ataques verbales" lanzados contra su persona por la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, y miembros de su equipo por denunciar a Armada como parte del 'caso Guateque', en el que se investiga una presunta organización ilegal dedicada al tráfico de licencias exprés.
Margarita Botija denunció al ex gerente de Urbanismo ante el juez Santiago Torres por valerse de su cargo para obtener un beneficio personal. Se refería a unas obras realizadas en su domicilio particular en la calle de La Bola número 9. En su declaración, Luis Armada defendió que el permiso lo otorgó en 2001 para realizar unas obras en la cubierta del sótano del inmueble por unas goteras. Las obras de su casa tenían una licencia de 1976.
En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, Botija denuncia las acusaciones vertidas por Aguirre durante un desayuno informativo, en el que aseguró que quien acusaba a Armada era quien ella misma recordaba "pegando al señor (Agustín) Rodríguez Sahagún" durante la inauguración de unas obras, en alusión al ex alcalde de Madrid que sucedió al socialista Juan Barranco.
Botija también menciona al consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. Recoge en el escrito que Granados manifestó el día de la comparecencia de Armada que "la imputación viene de personas con antecedentes poco recomendables". Granados acudió ese día a los Juzgados de Plaza de Castilla para escenificar el apoyo del Ejecutivo regional a su viceconsejero de Transportes.
"Estas expresiones están colgadas en Internet, por lo que la agresión verbal y las difamaciones son permanentes y los daños morales y psicológicos graves", sostiene Botija, que se queja de "no poder salir ni a la calle".
Igualmente, la denunciante de Armada reclama amparo por "los estragos" del departamento de Disciplina Urbanística, que el próximo jueves, 31 de enero a las 9.30 horas entrará en su domicilio, según dice, para demoler la vivienda de su propiedad sin orden judicial. El escrito subraya que si da 99.900 euros a los funcionarios de este departamento el derribo no se producirá.
