El máximo responsable del departamento de Evaluación Ambiental declara que cuando llegó se encontró atascado el departamento
MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El director general de Obras y Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid, Ramón Sánchez López, reconoció hoy al juez instructor del 'caso Guateque', Santiago Torres, que varios concejales y gerentes de distrito le llamaban para "interesarse" sobre la situación de los expedientes que tramitaba su departamento.
Entre otros, el magistrado interrogó esta mañana, en calidad de testigos, a Sánchez López, y al director general de Calidad, Control y Evaluación Ambiental, Manuel Tuero Secades, a instancias de la Guardia Civil para que explicaran el procedimiento administrativo a seguir en la concesión de licencias. Se trata de los primeros responsables políticos del Ayuntamiento que declaran por su presunta implicación en el 'caso Guateque".
Las comparecencias solicitadas por la Unidad de la Policía Judicial encargada de la investigación estaban encaminadas a dilucidar por qué determinados expedientes se resolvían hasta en ocho días, mientras que otros permanecían retenidos hasta dos años en la Dirección General de Obras.
En su interrogatorio, que se prolongó durante dos horas, el máximo responsable de Obras del Consistorio admitió que los concejales y los gerentes de distrito le llamaban habitualmente para conocer el estado de los expedientes que se gestionaban en su gabinete. Tras el interés mostrado por éstos, según fuentes jurídicas, Sánchez López trasladaba a los técnicos la necesidad de agilizar especialmente aquellos que estuvieran atascados, dando prioridad a los relativos a escuelas infantiles.
El testigo pormenorizó al juez y a las partes presentes los trámites para la concesión de licencias. Resumió que, una vez que el expediente entra en el departamento, se realiza una revisión previa para comprobar que la documentación pertinente está completa. Tras ello, se traslada a los técnicos y, posteriormente, la empresa Tragsatec procede a realizar un informe. Hecho este trámite, el expediente se devuelve a los técnicos para que den el visto bueno. La última gestión pasa por el director general de Obras, quien decide si la autorización sigue adelante conforme a los informes favorables.
En relación a estos pasos administrativos, según fuentes jurídicas, a Sánchez López se le inquirió sobre los expedientes de licencia de la clínica Rúber de Madrid, el edificio de Seguros Ocaso, del restaurante Nemesio, entre otros tantos.
ATASCO EN LAS DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
Durante su comparecencia, Tuero Secades manifestó al juez que cuando llegó hace tres meses a la Dirección General de Evaluación Ambiental se encontró "atascado" el departamento, por lo que procedió a aumentar el personal y mejorar su distribución para agilizar los trámites de los expedientes que entraban.
Las fuentes consultadas indicaron que al testigo se le preguntó acerca de los criterios seguidos para realizar la criba de los 187 expedientes que posteriormente serían objeto de la investigación judicial. Sobre esta cuestión, Tuero Secades explicó que él no participó en la selección de los mismo, puesto que estaba de vacaciones.
Por otro lado, la jefa del servicio de licencias de Urbanismo, Myriam Peón González, declaró también ante el instructor a petición del imputado Fernando Ruiz Torrejón, ex jefe de la Unidad de Licencias en la Gerencia de Urbanismo. Peón González respondió acerca de "cuestiones técnicas e internas" del departamento, eludiendo contestar a la tromba de preguntas lanzadas por los periodistas congregados en los pasillos.
Estos tres testigos no fueron los únicos en desfilar ante el magistrado. También declararon como imputados el empresario Mariano Jordán y el arquitecto José Antonio Menéndez por ser los titulares de los establecimientos que obtuvieron presuntamente de manera irregular licencias a cambio de determinados pagos.
Estaba previsto que declarará el imputado Miguel García Jódar, técnico del Área de Medio Ambiente, pero no pudo comparecer por cuestiones de salud. Su citación respondía a una denuncia interpuesta por la ex concursante Aída Nizar contra el propietario del bar Albarote, situado en la calle Lagasca, en pleno barrio de Salamanca. Jódar fue el técnico que concedió a licencia a este local, denunciado por vulnerar la normativa de ruidos.
