10 de abril de 2020
23 de julio de 2008

Guateque.- Un funcionario jubilado declara que falseó fotocopias de documentos para "tranquilizar" a los clientes

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex funcionario de la Gerencia de Urbanismo Carmelo García Sánchez, imputado en el 'caso Guateque', declaró hoy ante el juez Santiago Torres que falseó fotocopias de documentación sobre normativa urbanística para "tranquilizar" a los clientes que delegaban a la empresa AC93 los proyectos para la tramitación de las licencias para sus locales, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.

García Sánchez, que se jubiló en septiembre de 2004, se encuentra en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros. Se le acusa de un delito de falsedad documental. El imputado acudió esta mañana a declarar en el marco de la nueva remesa de comparecencias solicitadas por el instructor tras cotejar la documentación incautada en los registros, entre ellos el de la sociedad AC93.

El ex funcionario colaboraba con este estudio de arquitectura, propiedad del también imputado Santiago Castillo. Esta sociedad actuaba de intermediaria entre los empresarios y los funcionarios del Ayuntamiento que supuestamente cobraban por acelerar determinados expedientes.

Durante su comparecencia, el ex empleado público explicó que falseaba fotocopias de documentación para convencer a los clientes del buen ritmo de la tramitación de sus licencias debido a que el visto bueno de los expedientes por parte del Área de Urbanismo podría prolongarse hasta cuatro años. La documentación trataba de encubrir que los establecimientos cumplían la normativa vigente del Ayuntamiento en materia urbanística. Aunque no fuera así.

Además, el magistrado le interrogó sobre unos archivos encontrados en AC93 en los que aparecían registradas las entregas de dinero a diversos funcionarios del Ayuntamiento. Según las mismas fuentes, García Sánchez se desvinculó de estos pagos, asegurando que "no tenía ni idea" del asunto. Sin embargo, el juez sostiene que estaba al tanto de los cobros que iban a percibir los empleados públicos.

García Sánchez ya estuvo imputado en el 'caso Sauna Paraíso' por supuestos sobornos a empleados municipales en 1995. En 2004 quedó absuelto de un delito de tráfico de influencias.