Para el juez, la actuación de responsables políticos procurando la agilización de expedientes "no tiene relevancia penal"
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del 'caso Guateque', Santiago Torres, supedita la imputación de los catorce cargos solicitados por el PSOE a los resultados que se extraigan de la auditoría encargada a Tragsa sobre la tramitación de los expedientes de licencias investigados en la causa, según consta en el auto dictado por Torres en el que rechaza la petición de los socialistas, en contra del criterio del fiscal César Estirado.
En la resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el instructor esgrime que, una vez que se conozcan los resultados de la auditoría, "se estará en condiciones de saber las circunstancias de la participación en las agilizaciones de expedientes" de los cargos. Por tanto, no descarta la posibilidad de imputar a alguno de los tres concejales, siete gerentes de Juntas municipales y cuatro funcionarios, apuntados por el PSOE por su presunta vinculación en la trama de agilización de licencias.
Por el momento, el juez se muestra contrario a implicarles de manera directa en el procedimiento, puesto que "lo cierto es que no existen aún indicios mínimamente serios que permitan dirigir una imputación contra las personas interesadas".
"La actuación de responsables administrativos y políticos procurando la agilización de expedientes de su competencia sin ninguna otra consideración no tiene relevancia penal, antes bien, parece que es el cumplimiento de un deber de exigencia y diligencia a sus subordinados", reza el auto.
En un escrito presentado al Juzgado, los abogados que ejercen la acusación popular en nombre del PSOE, sustentaron la solicitud en las declaraciones realizadas el pasado 4 de febrero por Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la trama corrupta, durante el careo que mantuvo con Joaquín Fernández de Castro.
Ceballos aseguró al juez que los expedientes de licencia que tramitaba el Ayuntamiento de Madrid "sólo se adelantaban por orden de lo superiores", aludiendo al "director, al gerente, al concejal...". Tras esta afirmación, Ceballos se remitió a los notas de los expedientes en las que se indicaba que se adelantará la tramitación, asegurando que en esas notas "se ponía el nombre de la persona física que se había interesado por el expediente concreto".
COMPARECENCIA DE TRES CONCEJALES
El PSOE solicitó la declaración de los concejales Íñigo Henríquez de Luna (distrito de Salamanca), Luis Miguel Boto (Chamartín) y José Enrique Núñez Guijarro (San Blas). También pidió la comparecencia de los gerentes de distintas Juntas Municipales, como Ángel Herraez Lersundi (Chamartín), Rodrigo Iglesias Sarria (Ciudad Lineal), Javier Colino (Barajas), José Fernández Sánchez (Salamanca), Martín Fernández de Gorostiza (Arganzuela) Y Juan Francisco Acosta Bernaldo (Chamberí).
La lista se completa con la petición de declaración del director general de Calidad, Control y Evaluación Ambiental, Manuel Tuero, el director general de Evaluación Urbana, Ramón Enrique Sánchez López, el jefe de departamento de Calidad del Aire, Salvador Castromil, y el jeje de departamento de Evaluación Ambiental, Joaquín Fernández de Castro, imputado ya en el procedimiento.
