MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Carmelo García Sánchez, el último de los acusados en la conocida 'operación Guateque' para quien el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, José Santiago Torres, ordenó prisión provisional, no es funcionario del Ayuntamiento de Madrid desde septiembre de 2004, fecha de su jubilación, según informaron a Europa Press fuentes municipales.
García Sánchez, que entró a trabajar en el Ayuntamiento de la capital en junio de 1959, estuvo imputado en el caso 'Sauna Paraíso', que se remonta a 1995 cuando él trabajaba como funcionario en la Junta de Retiro. En esa fecha, el propietario de una sala gay, que fue precintada por el Ayuntamiento de Madrid por no tener licencia de apertura, denunció a varios técnicos municipales por cobrarle grandes sumas de dinero para abrir este local.
García Sánchez se ofreció al dueño de la sala, Francisco Herrero, a mediar ante el Consistorio para resolver los problemas que el primero tenía con las autoridades municipales por la obtención licencia de apertura de una sauna para homosexuales.
A cambio de ello, Carmelo exigió el cobro de 3.000 euros en efectivo y posteriormente la misma calidad trimestralmente. No obstante, Francisco no efectuó ninguna entrega de dinero por considerar que las gestiones que efectuaron los trabajadores eran ineficaces.
Tras su paso por la Junta de Retiro, según fuentes municipales, García Sánchez fue trasladado a Gerencia en febrero de 2004, donde permaneció hasta su jubilación, en septiembre de ese mismo año.
DOS EN LIBERTAD
Además, el juez Torres dejó esta mañana en libertad sin cargos a otros dos imputados, entre ellos a Adrián Luengo Romero, de Urbanismo, después de interrogarles para aclarar su conocimiento de los hechos. Estas mismas fuentes indicaron que estaba previsto que un cuarto imputado compareciera ante él, pero no se presentó al Juzgado.
Tras remitirle las actuaciones el juez de guardia, el titular del Juzgado número 32 ratificará este viernes las prisiones acordadas en la madrugada del domingo contra cinco empleados públicos. Se trata de un acto procesal formal en el que el juez escuchará a estas personas para decidir sobre si mantiene o no su situación de prisión.
Las fuentes consultadas por Europa Press confirmaron que el magistrado investiga a un total de 35 personas, entre ellas a los 16 funcionarios y al empresario detenidos la pasada semana por su presunta implicación en la trama destapada por la Guardia Civil. Por ello, mañana comparecerán ante Torres otros cuatro personas relacionados con la investigación y las declaraciones, con cuatro por día, se reanudarán el próximo lunes.
EN PRISIÓN
Carmelo García Sánchez, que irá a la prisión de Soto del Real, se suma así a los cinco imputados que se encuentran ya en la cárcel, en la de Alcalá Meco y Soto del Real, por orden del juez que estaba de guardia este fin de semana, Francisco Javier Teijeiro. Se les acusa de presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por recibir dinero a cambio de agilizar los trámites para la concesión de licencias.
Estos son Victoriano Ceballos Fernández, jefe de división de impacto y análisis ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, jefe del departamento de evaluación ambiental de la misma Consejería, Carmen Eulalia Ibáñez Martínez, asesora técnica del departamento de evaluación ambiental, Santiago Castillo Morales, y Antonio Sanz Escribano.
Asimismo, Teijeiro dejó en libertad provisional a Julián López Martínez, Eduardo Agustino Carrasco, Julián Félix Serrano Sierra y Manuel Álvarez de Hoyos. Además, impuso a Mario Mínguez Fernández una fianza de 3.000 euros para eludir la cárcel.
Por su parte, el juez Torres dejó este lunes en libertad sin cargos a otros tres empleados municipales, mientras que impuso una fianza de 3.000 euros a Sara López Moreno, de la Junta del Distrito de San Blás, para eludir la prisión. Esta última tendrá la obligación de comparecer ante este Juzgado los días 10 y 24 de cada mes.
DECLARACIONES ANTE LA GUARDIA CIVIL
Mientras tanto, la Guardia Civil se encuentra en estos momentos interrogando a otros diez nuevos imputados en la denominada Operación Guateque, iniciada el pasado día 14 a instancia del juez Torres, que formarían parte de las 35 personas que actualmente están siendo investigadas por el magistrado.
Uno de los presuntos implicados en la red de cobro de comisiones sería Mariano García Ballicher, quien ya ha prestado declaración en las dependencias de la Policía Judicial en calidad de testigo, al haber quedado descartada su participación en los hechos investigados, según confirmaron fuentes próximas al caso.
Al mismo tiempo, la Guardia Civil está analizando la documentación incautada ayer en los registros practicados en la sede de Urbanismo y en la Junta Municipal de Tetuán, lo que podría desembocar en nuevas detenciones.
