MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Inspectora de Trabajo que ha propuesto una sanción de 191.000 euros a Metro de Madrid por no tomar medidas suficientes para evitar exposición al amianto en su plantilla ha relatado que se abrió expediente a la compañía en octubre de 2017, que se han trasladado una treintena de requerimientos y que las actas de infracción se levantan cuando hay indicios de incumplimiento de la legislación en prevención de riesgos laborales.
Además, ha detallado que hay cuatro actas abiertas contra Metro de Madrid que versan sobre infracciones tipificadas como sanciones "muy graves" o "graves" en el marco de la normativa, sin especificar el coste de la sanción económica que implican en conjunto.
Aparte del acta de infracción por valor de 191.000 euros por no tomar medidas suficientes para evitar la exposición al amianto, el resto se refiere al retraso a la hora de reconocer la enfermedad profesional del trabajador de escaleras tras presentar un informe médico que ya apuntaba a la dolencia (no desarrollada), el hecho de que la compañía no esté en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y el no tener de forma detallada una relación de trabajadores que han estado en labores donde este material estaba presente.
Así lo ha comentado la inspectora Pilar Carranza, encargada de las actuaciones abiertas a Metro sobre la presencia de amianto tras constatarse casos de enfermedad profesional en empleados, durante su comparecencia en la comisión de investigación específica de la materia.
Preguntada sobre la labor del suburbano en la materia de retirada de amianto y actuaciones preventivas por exposición de este material, Carranza ha comentado que no puede dar detalles concretos puesto que hay actas que las tiene ahora Fiscalía y hay abierta una investigación al respecto.
Este departamento trasladó a la Fiscalía la documentación sobre el primer caso de infracción que se levantó cuando se conoció el primer caso de un trabajador con enfermedad profesional reconocida por exposición a amianto durante su etapa en Metro. Lo hizo por entender que en esta acta puede haber "ilícito penal" y que en este punto concreto está "paralizada".
Era Julián M. R y falleció a principios de octubre a los 61 años a causa de asbestosis (cáncer específico por inhalación a las fibras de amianto) tras trabajar durante varias décadas en Metro en la sección de Mantenimiento. En total, dos empleados han fallecido ya por esta causa dentro de los cuatro casos con enfermedad profesional reconocida hasta ahora.
Tras recalcar que el asunto está sub iúdice, la inspectora de trabajo ha señalado que Metro de Madrid "tiene que cumplir la legislación vigente" porque es su "obligación" y que si no es así, se le sanciona. Entre esas obligaciones, ha citado revisiones médicas a empleados en riesgos de exposición, mediciones ambientales o evaluaciones de riesgo, entre otras.
"NO HA HABIDO NINGÚN ÁPICE DE OBSTRUCCIONISMO"
Por otro lado, Carranza ha indicado a la pregunta del grado de colaboración de la compañía en este proceso que Metro está actuando "en la línea de cualquier otra empresa" y que en este caso "no ha habido ningún ápice de obstruccionismo".
En su intervención ha apuntado que solo está paralizada el acta de infracción remitida a la Fiscalía, pero que la labor inspectora en Metro continúa y que se le puede remitir más requerimientos o abrir más actas si fuera conveniente.
A su vez y preguntada por si considera que las cosas se han hecho bien en Metro tras conocerse los casos de afectados con amianto, Carranza ha señalado que eso implica una valoración subjetiva en la que ella no puede entrar. "Eso lo tendrán que decir los grupos políticos", ha aseverado.
Otro aspecto que ha explicado a requerimiento de los parlamentarios es que los reconocimientos médicos en el caso de amianto, si no es una exposición "muy puntual", son de "carácter previo y obligatorio". También ha relatado que si se incumple el decreto de prevención de riesgos laborales, la inspección puede proponer sancionar a la empresa.
También ha explicado que la Inspección de Trabajo levanta las actas de propuesta de sanción y que se remiten luego a la Autoridad Laboral, en la que el afectado puede interponer alegaciones y en base al examen de la misma se resuelve la propuesta.
Además, ha comentado que la labor inspectora no solo se sustenta en visitas a las instalaciones, sino que recoge multitud de entrevistas a empleados, contacto con delegados de prevención y análisis de la documentación de los datos solicitados. Por otro lado, ha comentado que Metro debe aportar a las empresas subcontratadas planes de trabajo donde se detalle la presencia de amianto.
