En la causa que se instruye contra el exalcalde socialista Antonio Fernández por la venta de 18 viviendas en Argentina financiadas con fondos públicos
PINTO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Interventora del Ayuntamiento de Pinto, María Isabel S., ha ratificado este lunes en el juzgado de Instrucción número 6 de Parla que, entre los años 2004 y 2006, no se llevaron a cabo los controles de "seguimiento" de los fondos que el Consistorio destinó al municipio de Pinto en Argentina (en la provincia de Santiago del Estero).
Entre estos fondos se encuentran los más de 600.000 euros que se destinaron a la construcción de 18 viviendas para gente sin recursos que, finalmente, se vendieron a profesionales de la zona, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas personadas en la causa.
La interventora municipal ha sido citada a declarar como testigo en la causa que instruye el juzgado por la denuncia contra el exregidor socialista Antonio Fernández a raíz de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Pinto entre 2004 y 2007 al municipio hermanado de Pinto en Argentina, así como por la construcción de 18 viviendas unifamiliares que el convenio establecía ceder a familias con escasos recursos económicos pero que se terminaron vendieron a través de la 'Fundación Pinares', que presidía el propio Fernández.
Según las mismas fuentes, María Isabel S. ha comparecido por espacio de dos horas para explicar los mecanismos que siguió el Ayuntamiento pinteño en la concesión de estas ayudas. Así, según esta versión, el Consistorio no habría aplicado ningún control al tratarse de unos fondos de carácter internacional, lo que, según las mismas fuentes, podría haber vulnerado la Ley sobre subvenciones, a la que estaba sometido el convenio.
El juzgado investiga si hubo algún ilícito en la venta de estas 18 viviendas por parte de la 'Fundación Pinares' tras la denuncia de un particular por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios contra él exalcalde Fernández, su sucesor --el ex regidor Juan Tendero--, y su responsable de Hacienda en aquel momento, Patricia Fernández.
PETICIÓN DE REINTEGRO
A raíz de este contencioso, el Ayuntamiento de Pinto determinó durante la pasada legislatura --con un gobierno socialista-- solicitar a la Municipalidad de Pinto en Argentina el reintegro de subvenciones no justificadas. Este montante incluiría 648.273 euros por el proyecto de construcción de 18 viviendas y otros 493.000 euros por la construcción de un centro cultural y a las labores de asfaltado en 21 'cuadras' de la zona.
El pasado mes de junio, con la llegada del PP a la Alcaldía, la alcaldesa, Miriam Rabaneda, promovió la constitución de una comisión plenaria de investigación para determinar el destino de todas las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento, a través de ayudas de Cooperación Internacional. La comisión acordó, en una de sus últimas sesiones, citar a declarar al exalcalde Antonio Fernández, para ofrecer explicaciones.
