MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de IU ha registrado ante el Defensor del Pueblo una queja detallada de las "pésimas condiciones" que tienen que soportar las personas sin hogar derivadas del albergue San Isidro a un centro provisional ubicado en el distrito de Vicálvaro junto al centro de acogida Luis Vives.
Hace dos semanas, en comisión ordinaria, IU ya adelantó que si no se solventaban y mejoraban las circunstancias que rodean al traslado de los usuarios del Centro de Acogida San Isidro (CASI) se verían obligados a acudir tanto al Gobierno regional como al Defensor del Pueblo.
El CASI cerró a finales de junio y de manera temporal para seguir con las obras de mejora que se están llevando a cabo en las instalaciones municipales. Tanto usuarios como trabajadores son acogidos desde entonces en otras instalaciones, las del Luis Vives, situadas en Vicálvaro.
En el escrito entregado al Defensor, según ha explicado la portavoz de Servicios Sociales de Izquierda Unida, Milagros Hernández, "se pide a esta institución que realice las gestiones necesarias para que se traslade a estas personas a unas instalaciones provisionales en tanto se acaban las obras del San Isidro".
Sin embargo, en su escrito matizan y piden a la Institución que estas instalaciones sean "adecuadas y adaptadas a las necesidades que tienen estos ciudadanos y que desde el 30 de junio, que fueron desplazados a este nuevo lugar, no se cumplen de ninguna manera".
Hernández ha recordado que el emplazamiento elegido "está en un polígono industrial junto a una cementera con el consiguiente riesgo para la salud tanto del personal como de los residentes" tal y como ya ha denunciado el sindicato UGT.
"Las deficiencias son numerosas como evidencia que dos 'sanquis' hagan las funciones de salas de estar, que los servicios estén a cientos de metros de distancia, que no hay ni sistemas de seguridad ni teléfonos públicos o que para un total de 152 plazas haya tan solo 12 duchas, en suma, un auténtico desastre", ha apuntado.
En resumen, se trata, según ha afirmado, de unas condiciones "que están muy lejos de ser las que se aconsejan en la normativa de la Comunidad de Madrid y que no se pueden justificar por la provisionalidad de la ubicación".
Por tanto, "ya que el equipo de Gobierno hace caso omiso tanto a las denuncias nuestras como las de los sindicatos y las quejas de los usuarios esperamos que el Defensor del Pueblo tome cartas en el asunto en defensa de estas personas ya de por sí tan vulnerables", ha añadido.
